«Nos parece que efectivamente son importantes las medidas que se han anunciados, pero esperamos que, durante el transcurso de la tramitación de la ley, se puedan acoger algunas de nuestras demandas, que históricamente hemos formulado».

El fiscal nacional, Jorge Abbott, abordó así el anuncio, por parte de Gobierno, de la «agenda antiabusos», la que propondrá medidas que apunten a evitar eventuales excesos por parte del Estado y empresas privadas.

Y es que en más de una oportunidad, los persecutores del Ministerio Público han señalado las trabas que han tenido para llevar a puerto causas mediáticas, como aquella que vinculó a la minera SQM con el financiamiento irregular de la política, debido a requisitos vigentes a la fecha.

Así ocurrió, por ejemplo, del ex senador y ex ministro Pablo Longueira, quien fue sobreseído por delitos tributarios en el caso SQM, y también con algunos personeros que declararon como imputados en la arista que surgió por el financiamiento a la precampaña de Michelle Bachelet, y que no fueron formalizados.

Pero no solo ha sido la fiscalía la que manifestó reparos por ello. A mediados de este año, el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, cuestionó la exclusividad del Servicio de Impuestos Internos (SII) dicho tipo de casos. «Yo pienso que tenemos nosotros la deficiencia de no adecuar las leyes oportunamente», dijo en conversación con Radio La Clave.

Es por ello, explicó Abbott, que es aquella situación la que esperan se considere: que la fiscalía pueda ejercer acción penal en casos de colusión o delitos tributarios o electorales: «Actualmente nosotros dependemos del ejercicio penal por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fiscalía Nacional Económica (FNE) o del Servel», consigna Emol.

«Cabe hacer presente que ya han pasado más de tres años desde que se creo el delito de colusión, y hasta el momento no hemos tenido ninguna denuncia», agregó. Así también, continuó, esperan que durante la tramitación del proyecto «podamos incorporar también, por ejemplo, todo el estatuto de protección al denunciante. Que es un estatuto importante para poder promover la denuncia de este tipo de delitos».