A comienzos de esta semana, el ministro vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, se reunió con su par Guillermo Silva, quien está en la línea para asumir la dirección del máximo tribunal.
-El lunes le conté. Me pareció que lo lógico era un actitud leal, sigo las aguas, porque se piensa que a él le corresponde. Entonces, fue lo primero que hice, y de hecho al único de los colegas que le había contado esto es a él. Le dije ‘mira, tengo la idea de que tiene que haber elecciones, tiene que haber una pauta y presentarse algún candidato y yo voy a presentarme’. El fue muy caballero, me agradeció la deferencia y me dijo ‘tú ejerces un derecho como podría hacerlo cualquier otro colega, yo no puedo molestarme con eso’.
Después de conversar con Silva, Cisternas redactó una carta para comunicarles a los otros colegas su punto de vista y su decisión, ‘para evitar esto de ir uno por uno, medio comentando’, dice. ‘Que en forma clara todos sepan en los mismos términos cuál es mi posición sobre la materia’.
Una carta argumentado una decisión que rompe con la tradición, y una hoja de ruta para su mandato en caso de ser elegido. ‘No creo que sea suficiente la sola antigüedad; pues si no va acompañada de las características señaladas, significa otorgar una especie de cheque en blanco, sin saber el rumbo que se dará a la presidencia, ni qué temas serán prioritarios, ni cómo se ejercerá el liderazgo interno; ni cómo nos conectaremos con el resto de la comunidad, en especial en los tiempos que corren’, les escribió. El ministro Cisternas, de no ser elegido, se retirará el 1 de abril, tras cumplir 75 años. De acuerdo a la norma, si un magistrado es elegido y cumple el máximo de edad durante su mandato, su retiro se pospone hasta que cumpla su gestión, que dura dos años.
Lamberto Cisternas cuenta a ‘El Mercurio’ que es una inquietud que tenía hace tiempo y que este año comenzó a darle vuelta nuevamente. ‘Algunos colegas de la Corte Suprema y de la de Apelaciones me lo plantearon como una posibilidad. Creo que por una situación en que yo he estado en mayor cercanía porque estuve coordinando un proyecto de acceso a la justicia que me permitió visitar todas las cortes y hacer una tanda de seminarios muy exigente. El cargo de vocero por supuesto ha terminado de establecer este contacto. Y ya puesto en esta situación de que ya viene la próxima elección y no hay nadie que avance y ni que se pronuncie, dije, ‘bueno, es tu última oportunidad’’.-¿Por qué decide postularse y romper con la tradición?
-Por reivindicar lo que es, en mi opinión, lo que dice la norma del Código Orgánico y lo que debería ser la esencia de la elección del presidente de la Corte Suprema. El Código dice que se elige entre los que son miembros del tribunal. La idea es que haya elección, que entre nosotros miremos a quien pueda desempeñarse en ese cargo según las circunstancias precisas que viva el país y el Poder Judicial. No que sea una cadencia, en que a mí me toca o a quien le corresponde. De tal manera que esa expresión hace una separación entre los ministros de primera, que son los que tendrían la posibilidad de ser presidentes de la Corte Suprema, y los de segunda, que nunca van a serlo. Y entre estos de segunda puede haber perfectamente algún colega que tenga la posibilidad de desempeñarse en la presidencia por sus mejores habilidades, sus mayores conocimientos. Postularé a la Presidencia de la Corte Suprema. Debe haber elecciones y poner fin a la costumbre de que asuma el más antiguo.
-¿Piensa que se puede ver como una desobediencia, una provocación?
-No. Creo que podría verse como una falta de deferencia o que yo esté entrampando el buen funcionamiento de la Corte Suprema, porque con esto se pueden armar bandos o sectores. Pero eso es una mala percepción, después de esto seguiremos todos trabajando y no habrá problema. Yo creo que lo mejor es sincerar cuál es el punto de vista de cada uno.
-¿Qué debe tener un ministro para ser candidato?
-La persona que se postule debe tener una pauta, ni siquiera lo quiero llamar programa, pero algo que diga ‘mire estas van a ser las cuatro o cinco cuestiones importantes a las que les voy a dar énfasis durante mi presidencia’.
¿OTRAS CANDIDATURAS?
-¿La elección por antigüedad, sin un programa de por medio, ha sido perjudicial? En el sentido de que si bien es un órgano jurisdiccional también tiene una influencia política por sus decisiones.
-No ha sido perjudicial. Lo que diría es que nos hemos restado al beneficio que significa una elección con un planteamiento y una hoja de ruta.
-Pueden haber otras candidaturas si se abriera esta puerta. ¿Cómo lo ve?
-Bien, está en la perspectiva de lo que digo. Primero, que se elija, que alguien de un paso y diga ‘yo quiero ser presidente’. Lo segundo es que exista esa hoja de ruta que permita que los demás elijan, y tercero, que el que lo dice no esconda la mano.
-¿Que le parece que algunos puedan decir que está ‘politizando’ la Corte Suprema?
-Es un riesgo, es perfectamente posible que alguien lo entienda de esa manera y, de hecho, en el Pleno más de alguna vez hemos conversado sobre esto a propósito de hacer alguna declaración; con el legítimo derecho más de algún colega ha dicho ‘mire, nosotros no tenemos que decir nada porque estamos exclusivamente para administrar justicia’. Y eso se zanja por mayoría, que es la cosa más democrática.
-¿Cree que su decisión generará división dentro del Pleno?
-No. Está planteada con todo respeto, como un punto de vista. Si la mayoría dice nos gusta más don Guillermo Silva o quien fuere, yo feliz, no tengo problemas.
NUEVA CONSTITUCIÓN
Dentro su hoja de ruta, el magistrado elabora una serie de puntos como por ejemplo que el Pleno tenga conocimiento oportuno de las medidas o programas que llevan a cabo la Corporación Administrativa del Poder Judicial o la Academia Judicial; seguir una línea con base en el Plan Estratégico y revisar si sus acciones están acordes a este, y revisar los procedimiento internos como sumarios o nombramientos, en específico el plazo en que estos se ejecutan: ‘Es injusto que un funcionario esté pendiente de una resolución y a veces suspendido bastante tiempo porque no se termina el procedimiento’.
-¿Qué postula respecto del proceso sobre una nueva Constitución?
-Debemos reflexionar seriamente acerca de qué nos parece a nosotros que la nueva Constitución debería decir en el capítulo del Poder Judicial, cosa que tengamos la respuesta para cuando funcione la Asamblea Constituyente o la que fuere.
-¿Qué rol debe tener la Corte Suprema en la discusión de esta nueva Constitución? Hasta ahora no se han manifestado propuestas al respecto.
-Creo que deberíamos tener un rol más activo, un planteamiento respecto de los asuntos que directamente o indirectamente incumben al Poder Judicial. Directamente es cuál es la organización de este poder del Estado, cómo son sus nombramientos. Indirectamente se refiera a cómo es el ejercicio de los derechos, de qué manera estos derechos pueden ser más expeditos, hacerse efectivos a través de los distintos recursos. Y aunque no seamos parte de la asamblea, del grupo de trabajo, habrá seguramente separación por secciones y ahí podemos concurrir y decir ‘nosotros tenemos este estudio, este aporte’.
-¿A la luz de lo que está pasando cree que fue un error postergar tanto la discusión constitucional?
-En general, a mí me parece que todas las postergaciones no han sido buenas. Postergar problemas, como el ingreso mínimo, pensiones, salud, remedios y la Constitución, no ha sido bueno.
-La Corte Suprema, antes de la reforma constitucional, tenía la potestad sobre la inaplicabilidad (recurso que ahora está en manos del TC) que finalmente perdieron porque no la aplicaban.
-Aquí hay dos puntos. El primero es que la Corte Suprema lo ocupó para cosas formales y no de fondo, y lo segundo es que doctrinariamente se fue extendiendo la idea de que hubiese un tribunal independiente que se preocupara de la inaplicabilidad.
-En este nuevo escenario en que se modificará la Constitución, ¿qué le parecería si esa inaplicabilidad vuelve a la Corte Suprema?
-Es una posibilidad que habría que estudiar bien y en ese evento habría que asumir una postura que considerara no solo la parte formal, sino que también la del fondo de la inaplicabilidad.
CRISIS
-¿Cree que se debe avanzar más rápido en la leyes de la agenda social a raíz de la crisis, desmanes y saqueos?
-Sería muy bueno que se hiciera un pequeño ordenamiento de las principales demandas sociales y se fijara una hoja de ruta también allí, cosa que toda la comunidad supiera que en estos primeros tres meses nos ocuparemos de estos temas porque no se puede más, y así sucesivamente, como una carta Gantt, con una cierta urgencia que depende de una priorización y además de los recursos disponibles, y que se produjera la confluencia de las fuerzas políticas para ir sacando algunos de estos aspectos paulatinamente.
-¿Usted ve a las fuerzas políticas poco consensuadas en torno a la violencia?
-Más bien percibo que, en general, se hace una condena de la violencia, pero yo no sé si en la práctica las actitudes van en esa ruta. Eso no lo tengo claro, no tengo elementos. Pero me llama la atención que no obstante proclamarse tan fuertemente, sigan todavía situaciones de violencia. Ahí hay algo que no logro descubrir bien, no soy cientista político, pero la verdad es muy lamentable que persista todo el tema de la violencia.
-¿La sensación de inseguridad le pasará la cuenta al Poder Judicial?
-Puede ser y de alguna manera está pasándole la cuenta en el sentido de que se está haciendo mucho caudal de una cierta sensación de inseguridad y se le achaca en parte a la policía, al Ministerio Público y en parte a los jueces permisivos que dejan a la gente libre. Y resulta que los ‘jueces permisivos’ tienen un catastro de la ley que les indica en qué casos sí y en qué casos no. Es distinto mirar desde afuera y juzgar esto que entrar a juzgar ya directamente como juez y poner la firma en lo que se está resolviendo.
-¿Cree también que existe, desde el punto de vista de aplicación de la ley, un exceso de salida alternativa? Independiente de que la pena es muy baja, algunos plantean que queda la sensación de que se puede saquear y salir con una salida alternativa. ¿Eso es una mala señal?
-Es una mala señal, hay muchas cosas que son una mala señal. El problema es que la sanción y el procedimiento tienen que estar establecidos con anterioridad, y cuando ocurren los casos y nos encontramos con que tenemos que aplicar esas sanciones y ese procedimiento, nos escandalizamos. Pero el otro camino sería fijar a posteriori un procedimiento y un tipo de sanción, lo cual impugna todas las convenciones internacionales y la doctrina.
-¿Es de la postura de que esto se soluciona políticamente, más que como un tema de seguridad pública?
-La Corte Suprema en una declaración hizo un llamado muy potente al diálogo, y elogió la ventaja de este, y estoy clarísimamente en esa postura. Eso probablemente pueda entenderse como que lo deseable es la solución política, y no hay inconveniente en que se entienda de esa manera. Yo creo que el diálogo operativo, en el sentido no de dialogar, dialogar, dialogar, sino que dialogar con miras a llevarnos a un buen camino.