La Corte Suprema, actuando de oficio, ordenó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que emita pronunciamiento de fondo en reclamación por abuso de posición dominante de proveedores de restoranes de comida rápida.
En fallo unánime (causa rol 16.604-2018), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz, Arturo Prado y Ángela Vivanco– estableció que existió una grave omisión del TLDC al no emitir pronunciamiento de fondo en la materia consultada, pese a desistimientos de algunos de los recurrentes.
«Que de lo hasta ahora expuesto, se concluye que no es posible entrar a dilucidar la existencia de un ilícito anticompetitivo sin que de forma previa exista un pronunciamiento de fondo acerca de las materias que han sido puestas en conocimiento del Tribunal, puesto que, no obstante la existencia de las transacciones y desistimientos de algunos de los recurrentes, entre los cuales se alegó la existencia de litis consorcio pasivo, no anuló el vigor de los hechos denunciados, toda vez que ellos pueden afectar únicamente a la calidad de parte, mas no los bienes jurídicos que resultan indisponibles, según se ha expuesto, y que deben ser materia de una resolución conforme a derecho. Su característica esencial es que son de orden público, enmarcadas en la protección del interés general de los consumidores y no el individual de las partes que suscriben los acuerdos, la denuncia planteada acerca de su infracción queda sin una resolución que importe la terminación del proceso», plantea el fallo.
La resolución agrega que: «Cabe señalar que la doctrina especializada considera que el orden público representa el orden del Estado, es decir, una cierta organización necesaria para su buen y regular funcionamiento. (COLIN, Ambrosio y CAPITANT, Henri; Curso Elemental de Derecho Civil, Madrid, 1952, p. 256). Planiol, por su parte, señala que a pesar que una ley sea de derecho privado puede ser, sin embargo, de orden público, lo que sucederá todas las veces que la disposición de la ley está inspirada en la consideración de un interés general que se encontraría comprometido si los particulares pudieren impedir libremente la aplicación de la ley. (PLANIOL, Marcel; ‘Traite Elementaire de Droit Civil’, Libraire Generale de Droit & Jurisprudence, Tomo I, París, p. 290 a 294)».
«La circunstancia –continúa– que los hechos denunciados, trasciendan la disputa entre franquiciante y franquiciado impide abdicar de la función que tienen los Tribunales que imparten justicia, ya que al tratarse de materias de orden público, el objeto del procedimiento es la tutela de sus elementos esenciales. La renuncia a esta labor infringe el principio de inexcusabilidad de los tribunales de justicia, circunstancia que además no se condice con el objeto de este tipo de procedimientos, como por lo demás, reconoce el propio tribunal recurrido admitiendo que la protección de un interés público resulta indisponible por las partes».
«A ello se agrega la circunstancia que en el reclamo se refiere a un ilícito anticompetitivo, se endereza a reprochar la conducta de varios sujetos unidos procesalmente bajo el régimen Litis consorcio pasivo necesario, es decir como se ha dicho ‘entre partes directas y de terceros en ciertos casos, que ocupan una situación conexa o afín’ (Enrique Paillas Peña, ‘El litisconsorcio’, Revista de Derecho Procesal, Universidad de Chile, N° 11 año 1976, págs. 68 a 78). En el supuesto enjuiciado esta comunidad jurídica asentada sobre supuestos fácticos y jurídicos similares, se produce entre el franquiciante y los proveedores por los motivos que se han expuesto en este fallo, al no existir en la especie una única titularidad pudiendo afectar por extensión o de forma refleja los efectos del fallo que se dicte en esta causa», añade.
«En este orden de ideas, si las referidas conductas de sujetos procesales que han intervenido en los mismos hechos terminan para algunos, pero se mantienen vigentes para otros que no han dispuesto del objeto del proceso, todas ellas deben ser resueltas a través de una única sentencia y en ningún caso de forma separada terminando el proceso como si fuera de interés privado. Enfrentados a una situación jurídica común, la ausencia de pronunciamiento se torna inexcusable y exige ser subsanada por esta magistratura no a través de decisiones parciales, sino que -acogiendo el reclamo al tenor de lo expuesto, en los considerandos que preceden», afirma la resolución.
Por tanto, concluye que: «se anula de oficio la sentencia dictada en esta causa y, en consecuencia, se dispone que vuelvan los autos al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, a fin de que jueces no inhabilitados emitan un pronunciamiento de fondo sobre la pretensión deducida, atendida su naturaleza y la posición de los reclamantes e intervinientes.
Atendido lo resuelto, se hace innecesario emitir pronunciamiento respecto de los recursos de reclamación interpuestos.
El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia dispondrá lo necesario para emitir pronunciamiento en el plazo de noventa días hábiles».