En mayo del año pasado la Región de O’Higgins se escandalizó con un reportaje de Canal 13 que detallaba una denuncia de la excoordinadora de la Pastoral Juvenil de Rancagua que involucraba a 14 sacerdotes con delitos de índole sexual. El caso, llamado ‘La Cofradía’, motivó que el Ministerio Público iniciara una investigación penal que se ha caracterizado por la falta de pruebas contra los acusados.
Sucesivamente el Juzgado de Garantía de Pichilemu dictaminó sobreseer uno a uno a los supuestos involucrados de una organización denominada ‘La Familia’.
El caso, que incluyó la salida del obispo de Rancagua, Alejandro Goic, llega a su epílogo luego que este miércoles el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, ingresara un escrito ante el Juzgado de Garantía de Pichilemu comunicando la decisión de no perseverar respecto de los últimos dos imputados que quedaban en la indagatoria, Cristián Catalán Valdivia y Luis Rubio Contreras.
El abogado del estudio que defendió a 12 de los 14 acusados, Cristián Miranda, celebró que el Ministerio Público no persevere en la indagatoria, lo que viene a ratificar los argumentos de la defensa. ‘Ha existido una larga investigación que no arrojó ningún resultado de aquellos que se esperaban al comienzo, de que existía una organización criminal de carácter jerarquizada destinada a cometer delitos de connotación sexual’, reflexionó Miranda. El abogado dijo que ‘esta causa paulatinamente se fue desvaneciendo toda vez que se fue demostrando por parte de la defensa que no existía ningún tipo de delito ni tampoco existía víctima alguna respecto de estos ilícitos, y es por eso que en el transcurso del tiempo se fueron decretando ya sea sobreseimientos definitivos o decisión de no perseverar por parte del Ministerio Público’, consigna EL Tipógrafo.
El tribunal fijó la audiencia para el próximo jueves 12 de diciembre en el Juzgado de Garantía de Pichilemu, lo que oficializará el fin del caso.
El abogado Cristián Miranda subraya que ‘las personas involucradas en la investigación se vieron severamente afectadas tanto en su ámbito familiar, laboral y también social. A raíz de esta investigación se decretaron una serie de medidas intrusivas que afectaron la vida personal y el honor de estas personas, por lo tanto es un tema de suma gravedad’.
Por ello aseveró que hay afectados que analizan presentar acciones judiciales para limpiar su imagen. ‘Hay algunos que están estudiando dicha circunstancia, que la verán con sus abogados, pero todo eso está en proceso de estudio de cada uno de ellos. Algunos desean dar por cerrado el capítulo porque están muy afectados por esto’, expresó.