La Corte de Apelaciones de Talca acogió un recurso de amparo deducido en contra de Carabineros y la PDI por un abogado que denunció haber sido víctima de manifestantes, ordenando a ambas policías extremar los recursos para resguardar el orden público y prevenir situaciones como la denunciada por el recurrente.
La sentencia de la segunda sala tiene carácter unánime de la ministra, Olga Morales, junto a la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones, Jeannette Valdés, y el abogado integrante, Pedro Albornoz. Así se acogió la acción constitucional y ordenó que se remitan los antecedentes a la fiscalía para los efectos legales pertinentes.
«Que, a objeto de determinar la factibilidad de los hechos denunciados por el amparado y su pertinencia, conforme a la acción constitucional deducida, se ha tenido en consideración que lo expuesto por aquél es concordante con los hechos acaecidos en el país y en esta ciudad durante el último periodo, que son de público conocimiento», indica.
El fallo añade que estos hechos «se traducen en la obstrucción de las vías públicas mediante barricadas con el uso de fuego y, en algunos casos, con agresiones a quienes transitan, como se representa por el actor, quien afirma haber sufrido apedreamiento a su vehículo, situación que constituyó un riesgo a su integridad física y psíquica».
«De esta forma, tales sucesos constituyen una vulneración a la libertad personal y seguridad individual del actor, por parte de terceros desconocidos y embozados, al impedirle el libre tránsito por la vía pública y un riesgo a su integridad, atendida la utilización de elementos idóneos para causar daño», indica la Corte.
Así el máximo tribunal concluye que «se dispone que los recurridos deberán extremar los recursos para resguardar el orden público y prevenir situaciones como las denunciadas, dentro de sus respectivas competencias. Asimismo, atendido que los hechos podrían ser constitutivos de delitos, remítarse los antecedentes al Ministerio Público», consigna El Centro.
Se trata de la tercera sentencia decretada en estos términos, por cuanto se han rechazado otros dos recursos de amparo que buscaban, por el contrario, que se sancionara el accionar policial como ilegal, en específico, respecto al uso de escopetas antimotines y gases lacrimógenos, concluyendo que existe un «ánimo generalizado de violencia».