Las denuncias por eventuales vulneraciones de derechos humanos cometidos por agentes del Estado han sido una constante desde que la crisis social estalló el 18 de octubre en el país. En ese escenario, la Fiscalía Regional informó que tiene 100 investigaciones vigentes por eventuales abusos que pudieran haber cometido funcionarios militares y de orden y seguridad.
El ente persecutor del Biobío comunicó que la mayoría de las indagatorias que llevan adelante son en contra de funcionarios de Carabineros de Chile. Aunque no especificó el número, informó que en una menor cantidad, las imputaciones de posibles vulneraciones constitucionales son hacia las Fuerzas Armadas y en contra de efectivos de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).
Desde la Fiscalía Regional comunicaron que el fiscal de Concepción, Nelson Vigueras, lleva de forma preferente una gran cantidad de los casos vigentes que se encuentran investigando. El fiscal incluso ha visitado algunos hospitales para recoger testimonios sobre lo ocurrido.
Son diversas las instituciones, como el INDH o algunas ONG, las que han denunciado diversas acciones que vulneran los derechos humanos de las personas que participan en las manifestaciones que comenzaron el 19 de octubre en la Región.

POLICÍA CIVIL
De las 100 investigaciones que indaga el Ministerio Público en la Región, a la Policía de Investigaciones de Chile se le ha emitido 60 órdenes para investigar hechos que estarían fuera del marco legal. El jefe regional de la PDI, prefecto inspector Sergio Claramunt, detalló ayer que inicialmente tenían 50 indagatorias, pero ahora la Fiscalía Regional del Biobío le sumó otras 10 órdenes de investigar, consigna El Sur de Concepción.
«Son denuncias que la Policía de Investigaciones las toma como tal y donde existe un proceso de investigación para realmente ver si existen responsabilidades (…) No porque alguien coloque una denuncia automáticamente van a ser culpables de una determinada situación», precisó Claramunt. Sobre la cantidad de casos en donde hay antecedentes que ya determinen responsabilidad de algún agente del Estado, la autoridad regional de la policía civil declaró que todos los antecedentes han sido puestos en conocimientos del Ministerio Público y que este organismo debe definir la acción judicial que presente ante un tribunal.
Hace unos días, el prefecto de la Prefectura Concepción, Jorge Sánchez, comunicó que había 16 investigaciones en donde ya había antecedentes más concretos y donde podría haber diligencias puntuales.
Algunas de la investigaciones que están a cargo de la PDI son la muerte del joven que fue atropellado por vehículo militar en Talcahuano, como también las lesiones sufridas por personas por el uso de herramientas disuasivas, como fue le caso del camarógrafo que quedó con lesiones en su ojo tras el impacto de un balín. Esto ocurrió en Chiguayante.

CAPACITACIÓN
Actualmente las indagatorias que realiza la PDI y que son parte de un foco investigativo instruido por la Fiscalía Regional, están a cargo de detectives de la Brigada de Homicidios (BH). El jefe regional de la policía civil resaltó que la unidad tiene la experiencia para desarrollar investigaciones relativas a vulneraciones de Derechos Humanos, como los apremios ilegítimos. Precisó que si bien estas indagatorias son diferentes a las habituales, los efectivos policiales están capacitados.
«El departamento de Derechos Humanos de la jefatura nacional nos ha capacitado en este tipo de investigaciones», sostuvo el prefecto inspector Claramunt.