En el Poder Judicial existe preocupación. La indicación que fue aprobada el miércoles por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, la que rebaja transitoriamente en un 50% las remuneraciones vigentes para ‘las autoridades de los órganos del Estado del capítulo VI, relativo al Poder Judicial’, encendió los ánimos en la Corte Suprema.
La indicación —que fue propuesta por Chile Vamos y aprobada por siete votos a favor, cinco en contra y una abstención— entrará a regir desde la publicación de esta ley, y ‘hasta la nueva fijación de remuneraciones establecidas por el Banco Central en virtud de la Ley Orgánica Constitucional’.
Si bien el capítulo VI relativo se refiere los ministros de la Corte Suprema, las altas jefaturas de Cortes de Apelaciones, fiscales judiciales y los otros cargos directivos de jueces de primera instancia, en la comisión solo se habló de los 21 ministros del máximo tribunal.
La indicación no se hace cargo de si esta rebaja del 50% es del sueldo bruto o del líquido. Esto implicaría que los integrantes de la Corte Suprema ganarían lo mismo que un juez de comuna: de $9.349.854 a $4.510.610. Y menos que un ministro de Corte de Apelaciones, que gana $6.646.808.
Esta situación fue advertida ayer en la comisión, pero de todas formas se aprobó.
En un Pleno extraordinario realizado ayer, los ministros manifestaron su preocupación, porque con esta indicación se estaría ‘transgrediendo la independencia del Poder Judicial y la inamovilidad garantizada en la Constitución’.
La molestia del Poder Judicial se arrastra desde el 2016, debido al congelamiento de las remuneraciones. De hecho, el Estado de Chile fue denunciado por la Asociación Nacional de Magistrados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por esta situación.
Una de las medidas que se adoptaron ayer fue reforzar la comisión de remuneraciones del Poder Judicial y se nombró a dos nuevos ministros para integrarla: el expresidente del máximo tribunal Sergio Muñoz y el vocero, Lamberto Cisternas.
La instancia, que sesionó ayer, estaba integrada por el presidente del máximo tribunal, la ministra Gloria Ana Chevesich, y Arturo Prado. En los próximos días elaborarán un documento en que se contengan todos los puntos que se estimen pertinentes considerar para hacerlo llegar al Congreso antes de la votación.

Gobierno no está de acuerdo
El vocero del máximo tribunal explicó que ellos son jueces de carrera y que si se hace la rebaja esto implica poner ‘a un ministro de la Corte Suprema en el nivel inicial (…) eso es evidentemente injusto. La situación es grave, porque se hace en forma improvisada, sin tomar en cuenta todos los antecedentes, sin considerar la destrucción de la escala de remuneraciones y sin considerar estas dos cuestiones tan importantes que son la independencia e inamovilidad del Poder Judicial’.
La presidenta de la Asociación de Magistrados, Soledad Piñeiro, también participó ayer en la comisión, y a la salida planteó que ‘el proteger las remuneraciones forma parte de la independencia judicial. Esto significa que los jueces no sean presionados para obtener determinadas resoluciones por la forma en que se determinan sus remuneraciones’.
Por su parte, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, si bien consideró que es una discusión necesaria, advirtió que no fue el Gobierno el que promovió la rebaja de remuneraciones de los jueces. ‘Creo que la discusión sobre los niveles de sueldo de las autoridades del Estado, particularmente las del ámbito político, es una discusión necesaria. Sin embargo, yo quiero señalar que el Gobierno no es autor ni está de acuerdo con aquella indicación que fue aprobada ayer, que rebaja en un 50% las remuneraciones’. Agregó que ‘no compartimos eso que se ha aprobado, y esperamos que en el trámite legislativo eso se corrija’.
En el Congreso, la determinación también generó debate. La presidenta de la UDI, la senadora Jacqueline van Rysselberghe, sostuvo que ‘de todas maneras, (la rebaja) debiese ser extensiva al Poder Judicial, al Ejecutivo y a las empresas públicas también, no veo ninguna razón para que el presidente de Codelco gane tanto más que un ministro o el Presidente’.
Mientras que el senador del PPD Felipe Harboe dijo: ‘No tengo ningún tipo de información ni evidencia que justifique una medida como esa’.

Fuente: El Mercurio