La Tercera Sala de la Corte Suprema resolvió, en un fallo dividido, que prevalecen la reserva y las razones de seguridad por sobre la transparencia. Esto respecto a los viajes realizados por el comandante en jefe de la Armada, Julio Leiva, durante su período a cargo de la institución, además de los viajes efectuados por todos sus vicealmirantes, indicando: fecha y costo para la institución (dividido por costo de pasaje y viático). La información había sido solicitada por un medio de comunicación.
El Consejo para la Transparencia solo accedió a la entrega de los costos de pasajes y viáticos sin mayor detalle.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE), en representación de la Armada, se opuso a que se entregara cualquier tipo de información por razones de seguridad, que están garantizadas en la ley, ya que estos viajes están relacionados con la compra de pertrechos. El organismo tampoco era partidario de que se entregara información acerca del costo porque se podría deducir el destino de los viajes.
La ministra María Eugenia Sandoval y los abogados integrantes, Pedro Pierry y Julio Pallavicini, sostienen que ‘resulta plausible que la revelación del destino específico de los citados viajes, los que podrían eventualmente repetirse en el tiempo y dar cuenta de una determinada frecuencia de destino, pudiere revelar y permitir concluir —con cierta facilidad— el objeto que han tenido dichos viajes’. Los magistrados se refieren, por ejemplo, a negociaciones de compra de material bélico, relaciones militares internacionales protocolares, para el cumplimiento o negociaciones de Memorándum de Entendimientos (MOU) con otros ministerios de Defensa o instituciones militares de distintos Estados, que digan relación con capacitación operativa militar, ejercicios navales, estudios o proyectos de inversión institucionales o conjuntos, referidos a capacidades estratégicas, consigna El Mercurio.
Otro argumento es que estos antecedentes están amparados por la causal de secreto, la que abarca todos los viajes institucionales de los oficiales generales que lo integran, ‘datos que revisten el carácter de estratégicos’.
El voto en contra fue de los ministros Sergio Muñoz y Carlos Aránguiz.
‘Se deja sin efecto la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, porque la Corte Suprema estimó que el Consejo para la Transparencia incurrió en una contradicción al disponer la mantención de la reserva de algunas informaciones que afectarían la seguridad nacional, pero ordenó entregar otras (costo de pasaje y viáticos), que permitiría develar secreto militar’, aseguraron desde el CDE.