Más de diez días han pasado desde que el gobierno, el oficialismo y la oposición firmaron un ‘marco de entendimiento’ para ajustar la reforma tributaria, hoy en trámite en la comisión de Hacienda del Senado.
Ahí se incluyó un punto clave para las municipalidades: se establecerá por ley que las sociedades de inversión deben pagar patente comercial.
¿Por qué es tan relevante este punto? A fines de septiembre, la Corte Suprema determinó que dichos contribuyentes no están afectos al tributo de beneficio municipal, al no desarrollar actividades rentistas.
Así, se cambia el criterio de la corte de la última década. El fallo -dividido y aprobado con votos de abogados integrantes- zanjó la controversia entre la sociedad Los Peumos y el municipio de Lo Barnechea.
El cambio legal le permitirá a los gobiernos locales resguardar a lo menos US$ 150 millones en ingresos a las comunas por el pago de patentes a sociedades de inversión.
El abogado de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), César Rojas, considera como progresiva la indicación, considerando que según datos del Instituto de Finanzas Públicas de Chile (IFP), hay más de 39 mil sociedades de inversión en el país, de las cuales la mayoría se ubica en comunas de altos ingresos como Las Condes, Providencia, Santiago y Vitacura. ‘A lo anterior, debemos agregar la alta concentración de estas sociedades en comunas que son aportantes al Fondo Común Municipal, donde las patentes de las sociedades de inversión pasiva representan 51,6% del total de patentes’, dice.
El coordinador de Administración y Finanzas de la Asociación Chile de Municipalidades (AChM), Gabriel Flandez, señala que los ingresos provenientes de las sociedades de inversión representan el 18% del total de dichas entidades, lo que equivale a los recursos de 30 gobiernos locales pequeños.
‘Nos parece una muy buena noticia que se incluya esto en la reforma tributaria’, asegura. El director tributario del IFP Chile, Alejandro Vera, estima que la recaudación podría ser mayor: calcula que los ingresos potenciales por cobro de patentes podría ascender a US$ 800 millones, versus los US$ 150 millones en 2018.
Lo mismo en el caso del cobro de patentes comerciales a todos los contribuyentes, que en su escenario engrosarían en US$ 1.700 millones las arcas municipales, versus los US$ 980 millones que ingresaron.
‘Me parece bien la medida, pero es insuficiente, ya que la ley debería estipular una tasa ya no entre 2,5% y 5% del capital propio tributario, sino de 5% única’, propone.

Judicialización
El socio del estudio Uribe, Hübner y Cía., Luis Felipe Hübner, cree un ‘error’ que se zanje la polémica a través de la reforma tributaria. Su firma asesoró a Los Peumos en su litigio contra Lo Barnechea. ‘Una sociedad de inversión pasiva no tiene locales, no ocupa un lugar físico, no atiende público, y no necesita permisos o patentes de ningún tipo, y menos de una municipalidad’, argumenta.
El abogado de Baker Mckenzie, Cristián Bonacic, advierte que será ‘interesante’ la forma en que se redacte la norma legal, pues si se establece que las sociedades de inversión quedan gravadas con patente municipal ‘podría concluirse que antes de la entrada en vigencia de la ley no estaban afectas a ese tributo. Esa interpretación podría generar un escenario de mayor judicialización’, consigna Diario Financiero
Ignacio. Gepp, de Puente Sur, no ve todavía un aumento en la judicialización ante los cambios propuestos: ‘Al contrario, la mayor enemiga de la judicialización innecesaria de causas es la certeza jurídica’.