El fiscal nacional, Jorge Abbott, decidió gastar $ 12 millones y contratar a la expresidenta del Tribunal Constitucional (TC) y actual secretaria general de la Universidad Católica, Marisol Peña, para que alegue ante la Corte Suprema, con miras a destituir al perseguidor regional de O’Higgins, Emiliano Arias, por supuestos actos de negligencia cometidos en el ejercicio de su cargo.

El monto acordado será pagado “a todo evento”. Es decir, gane o pierda, Peña recibirá el dinero equivalente a casi 40 sueldos mínimos.

Por esa plata, la profesional realizará una serie de actividades que van desde el diseño de una estrategia, la elaboración del escrito de remoción, el alegato y cualquier otro trámite, tal como se lee en la respuesta a una solicitud vía Ley de Transparencia que realizó la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

La historia para acordar el pago comenzó el 9 de octubre pasado. Abbott le dirigió una carta a Peña donde le solicitó que asumiera personalmente la representación del organismo, hecho que había sido “previamente conversado”.

El 10 de octubre, Peña le respondió al fiscal Abbott, que aceptaba el cometido. “(…) le expreso mi formal aceptación (…) y la convicción que la materia dice relación con principios y valores esenciales de nuestra institucionalidad”. A reglón seguido, junto con agradecer la confianza depositada en su persona, Marisol propuso como honorarios la suma única y global de 12 millones de pesos “a todo evento”. En otras palabras, gane o pierda recibirá el dinero.