A pesar de los reproches de los organismos internacionales de protección de derechos humanos, respecto de los atropellos vividos en Chile tras el estallido social del 18 de octubre, en la audiencia pública de la Comisión Internacional de la OEA sobre la materia, realizada el lunes 11 de noviembre, en Ecuador, nuestro país recibió al menos un estímulo:
El colombiano Luis Enrique Vargas, relator del organismo, planteó que el Gobierno chileno ‘tiene que agradecer’ el ‘sacrificado trabajo’ de los jueces de garantía, pues ‘la falta de resolución oportuna de las situaciones jurídicas de los detenidos habría generado mucha más violencia o mucha más ira de la sociedad civil’.
Conscientes de su ‘rol cautelar’ de los derechos humanos, los magistrados de tribunales inferiores no temen —como creen que pasaba hasta hace una década— ser objetos de represalias en sus calificaciones por levantar la voz al cuestionar las actuaciones de las policías o, durante el estado de emergencia, de las Fuerzas Armadas.
Y es que el propio presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, es quien los respalda.
‘En Derechos Humanos, el Poder Judicial tiene una carga histórica y el tema es hoy una preocupación especial que tienen muchos jueces porque debemos hacer ver a todos los sectores políticos y sociales que nunca puede traspasarse esa barrera so pretexto del orden. Y el ministro Brito, que en el actual contexto coincide en la presidencia, representa lo que debe ser ese juez protector’, dice el juez de garantía Patricio Souza.
‘Hay hoy un contexto institucional favorable para hacer el trabajo. Ningún juez tiene miedo de que lo vayan a echar del Poder Judicial por esto. Saber que el presidente de la Corte Suprema tiene claro el tema contribuye a trabajar tranquilo’, opina su colega Eduardo Gallardo.

‘Policías observadas’
Brito es un referente para esta camada de magistrados. Además de haber sido profesor de ellos en la Academia Judicial, es parte del pequeño grupo de jueces chilenos reconocidos por haber intentado hacer algo mientras las violaciones a los derechos humanos estaban ocurriendo en dictadura, como cuando el año 1985, siendo juez de Valparaíso, allanó un cuartel de la CNI y liberó a una decena de estudiantes, acción que además contribuyó a que ese organismo se viera obligado a entregar listados de detenidos.
Tras el estallido social del viernes 18 de octubre y la consecuente declaración de ‘estado de emergencia’ —que lo pilló reunido con sus colegas en las Jornadas de Reflexión 2019, en Punta Arenas—, Haroldo Brito regresó a Santiago y en la tarde del día siguiente ya estaba con los jueces de Garantía en el Centro de Justicia, buscando formas de poder funcionar en el inesperado escenario.
La actuación fue rápida: sabiendo lo que podría venir, se organizaron para recibir los más de 300 controles de detención que llegaban solo en las mañanas al Centro de Justicia, se fijaron turnos extraordinarios y el mismo Brito se encargó de gestionar los salvoconductos y la custodia policial que los jueces necesitarían para moverse durante el toque de queda a las comisarías, el lugar donde ellos han puesto el foco de su actuación en esta materia.
‘No quiere decir que la vulneración de los derechos fundamentales no vaya a ocurrir, pero el que los jueces puedan constituirse en las comisarías reduce esos márgenes, inhibe que se perpetren ciertas acciones porque las policías saben que están siendo observadas’, explica el juez de Garantía Eduardo Gallardo, partícipe de las reuniones.
Sabía Haroldo Brito por experiencia de la importancia de los registros de detenidos, y los jueces de hoy inmediatamente pusieron ojo en ellos y en el acceso que se permitía a los privados de libertad: alertados por amparos presentados la primera semana de la crisis, que apuntaban a que en las comisarías no se estaba transparentando quiénes habían sido detenidos en ellas, comenzaron a apersonarse y difundir entre los policías, casi como en una labor educativa, la obligación de entregar los listados, de permitirles a las personas conferenciar en privado con sus abogados y de cumplir el plazo de 24 horas máximo para ponerlos a disposición del tribunal.
Felipe Abbott, subdirector del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, es testigo de estos problemas. ‘Ese fue uno de los primeros obstáculos y diría que el rol de los jueces ahí fue muy importante. Y también lo ha sido en los amparos: pese a la enorme sobrecarga, han tenido capacidad de respuesta, pidiendo información sobre gente que no sabíamos dónde estaba o con quienes no nos podíamos reunir’, cuenta.

‘Retenidos’ no informados
‘En materia de amparo, lo más importante es que las personas sientan la presencia de la jurisdicción y acuda a ella. Para estos casos el juez cumple la función de esclarecer dónde está la persona y en qué circunstancias’, dice Haroldo Brito a ‘La Segunda’.
En esa misma línea fue que el presidente de la Corte Suprema tuvo una actuación directa tras enterarse por medio del defensor nacional, Andrés Mahnke, de que algunas personas estaban pasando por comisarías sin que quedara registro de ello: eran detenidas en la calle, llevadas a un cuartel, dejadas ahí por varias horas y luego liberadas sin ningún papel de por medio.
‘Pasó con mayores y con menores de edad: hubo una infracción flagrante a la normativa vigente, pues se hablaba de personas ‘retenidas’ y por eso no las registraban. Hubo muchos casos y nos preocupamos mucho porque justamente era eso a lo que se aludía en los recursos de amparo que se presentaban en la dictadura: no sabemos nada, no hay registro, no consta que haya sido detenido por funcionarios. Las detenciones irregulares permiten que esas personas se conviertan en víctimas ideales y esa era la hipótesis más terrible que había que evitar’, cuenta Felipe Abbott.
‘Dadas las circunstancias, lo más importante en esta labor es requerir la información lo antes posible y dar trazabilidad a las detenciones para que respecto de ninguno de los detenidos pueda perderse la pista, algo que efectivamente se temió en un momento dado, por lo controvertido del accionar policial y el hecho de que situaciones así se hayan producido incluso en contextos anteriores de total tranquilidad, como el caso de José Vergara en Iquique’, agrega, aludiendo al joven esquizofrénico detenido por la policía en 2015, quien luego desapareció.
Brito puso el tema de los registros incompletos en la reunión extraordinaria de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal que se realizó el 30 de octubre. Se constituyó una mesa de trabajo y el lunes pasado todos los actores acordaron exigir a Carabineros y la PDI, también participantes de la instancia, un ‘registro exhaustivo y detallado de todas y cada una de las detenciones que practicaren los organismos policiales’, incluyendo el historial completo de ellas, con hora de detención y nombre del funcionario que la practicó.

Lo que viene
Las cortes ahora están siendo llamadas a resolver recursos de amparo y protección en contra del uso indiscriminado de escopetas antidisturbios y bombas lacrimógenas, algo que según el abogado Felipe Abbott podría extenderse a ‘cuestionar toda la aplicación que se le está dando a los protocolos de uso progresivo de la fuerza, incluyendo el carro lanzaagua, el lanzagases y los mecanismos de reducción de detenidos’.
Mientras, con el avance de las investigaciones del Ministerio Público, los jueces de Garantía están ya decidiendo medidas cautelares contra policías detenidos por actos de vulneración de derechos. Ocurrió la semana pasada con el mayor formalizado por lanzar perdigones al interior del Liceo 7, quien quedó con prohibición de acercarse al colegio y a la comisaría a la que pertenece.
‘No conozco las particularidades del caso, pero el juez adopta la decisión de la medida cautelar sobre la base de los antecedentes y la gravedad del delito, y siempre teniendo en cuenta el principio de inocencia. La prisión preventiva está reservada para los casos más graves y como última ratio. Lo que venga a futuro siempre va a ser así: todas las actividades delictuales serán juzgadas con estricto apego a la ley’, comenta el juez Souza.

Fuente: La Segunda