La noche del martes, el Presidente Sebastián Piñera le habló al país y entre las cosas que dijo, anunció que había instruido al Ministerio del Interior para que ‘presente querellas por la Ley de Seguridad del Estado contra aquellas personas que han incitado o que han promovido o que han fomentado o que han participado en la comisión de los graves delitos que hemos conocido durante esta jornada.
‘¿Cuándo una persona está realmente haciendo un llamado a la violencia o a destruir todo a su paso? Según explica el abogado Miguel Soto Piñeiro, magíster en Derecho Penal y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, la incitación ‘se define como el provocar en otros la voluntad de cometer un delito o incentivarlo a que lo cometa’. En ese sentido, asegura, no basta con invitar a alguien a una marcha y que en el calor de la manifestación el acompañante haya terminado participando en los desmanes para que esto califique como incitación a cometer algún acto vandálico.
‘Tiene que ver con otra cosa. Rigurosamente, no debería bastar con el simple hecho de llamar a marchar, porque eso no es incentivar a cometer algún delito’, explica. El abogado y académico de la Universidad Central Nicolás Oxman, agrega que cuando se habla se incitar, ‘se busca que haya una suerte de inducción a la masa de ciudadanos a la subversión, pero eso tiene que tener por finalidad la comisión de delitos contra la seguridad interior del Estado, como sublevarse o el delito de rebelión’.
-¿Qué tiene que llegar a hacer una persona para que la acusen de incitar un hecho de violencia? -Tendría que proponer a otro la realización de un acto contra el orden público y contra los servicios públicos y de utilidad pública. -Por ejemplo, escribir en las redes sociales algo así como ‘vamos a quemar la intendencia’. -Creo que eso no alcanza. Tendría que ser algo así como ‘muchachos, a todos los que estén contra el gobierno los llamo a quemar la intendencia.
Mañana, a las 6 de la tarde, nos juntamos en la puerta de la intendencia a quemarla.’ Eso sería una promoción, una oferta directa y concreta a desestabilizar, destruir, interrumpir o suspender servicios públicos de utilidad pública. Debe ser un llamado directo. Oxman explica que en la Ley de Seguridad del Estado están los llamados delitos contra el orden público y que para que se configuren ‘tiene que haber una doctrina específica que promueva la violencia como un método de acción política, para -en definitiva- producir una reforma política, económica o social’, consigna LUN.
‘Lo que pasa es que acá no vemos una doctrina detrás, algo que uno pueda entender que se trate de un anarquismo social o una suerte de anomia social o la falta de respeto a todo tipo de normas. No parece ser tan claro que sea el anarquismo el movimiento que está detrás de todo esto. No hay una apología al anarquismo, no hay una doctrina política detrás. No es que exista una doctrina única promoviendo una suerte de rebelión contra el Estado o contra el gobierno.
No hay eso y ese es el problema con la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado’, explica el doctor en Derecho. 91 querellas Desde la Subsecretaría del Interior informaron que presentaron 91 querellas ‘por los graves hechos de violencia, vandalismo y destrucción’ ocurridos el martes. Todas ellas fueron presentadas contra todos aquellos que resulten responsables tanto de ‘haber participado como de incitar, promover o fomentar los hechos…’. Del total de querellas, 78 fueron presentadas por la Ley de Seguridad del Estado y corresponden a saqueos a farmacias, tiendas, supermercados, comercio minorista y bombas de bencina.
Estas acciones se llevaron a cabo en distintas regiones del país. Las otras 13 querellas, informó la Subsecretaría, fueron por los delitos de incendio. Algunos de los lugares afectados fueron la intendencia y el Servicio de Impuestos Internos de Antofagasta, la Iglesia de la Veracruz, en Providencia, la gobernación de Concepción y el cuartel militar de Tejas Verdes, en San Antonio. Según el detalle, se presentaron querellas en las regiones de Valparaíso (54), Tarapacá (17), Antofagasta (11), Metropolitana (6) y del Biobío (3).