Un acuerdo para mejorar la información sobre personas detenidas entre las policías, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Defensoría Penal Pública fue el que se alcanzó en la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, instancia que encabezó al ministro de Justicia Hernán Larraín y que integran el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito; el fiscal nacional, Jorge Abbott; el defensor nacional Andrés Mahnke, los directores de las policías; Gendarmería y de otros servicios del sistema.
La iniciativa -propuesta por el presidente de la Corte Suprema en una reunión extraordinaria de este grupo sobre la contingencia del país- busca reforzar medidas que permitan garantizar los derechos de las personas detenidas en el contexto de las movilizaciones sociales.
La propuesta fue concordada y su texto definitivo será dado a conocer en los próximos días, luego de que se trabajara en una mesa compuesta por el presidente Brito, el fiscal Abbott, el defensor Mahnke, el ministro Larraín y la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.
Sobre el acuerdo, el presidente Haroldo Brito señaló que «hemos concluido un trabajo que nos parece especialmente importante, desde el convencimiento que tenemos los jueces de que nuestro deber es garantizar el ejercicio de todos los derechos en toda circunstancia. Desde ese criterio normativo se discutió la posibilidad de generar un conjunto de directrices muy categóricas y muy claras para regular las condiciones de la detención. Hemos recibido muchas opiniones, se ha trabajado de una forma muy seria y estoy convencido que hemos alcanzado un buen instrumento en este sentido».
En este sentido, la máxima autoridad judicial recordó que «el propósito fundamental es entregar en toda circunstancia la información relativa a la detención de las personas, que es fundamental para muchos efectos, pero sobre todo para la certeza de las personas el conocer las circunstancias en que algunas de ellas son detenidas. La información es garantía del ejercicio de todos los derechos y nuestro propósito es proteger a las personas asistidas por este conjunto normativo de la Constitución y de los derechos humanos. Esa necesidad creemos que la estamos resolviendo de esta manera. La intención es dar mayor protección».
El ministro de Justicia dijo -por su parte- que la propuesta permite fortalecer y asegurar «la más absoluta coordinación entre las policías y estas entidades, para tener toda la información de las personas que son detenidas». Agregó que se desea asegurar «el más pleno acceso a la defensa de las personas detenidas por parte todo abogado que se apersone y solicite una reunión», así como el acceso a información de los familiares de los detenidos, y reiterar «la necesidad del registro absoluto de todas las personas detenidas para asegurar sus derechos».
