Reunido el tribunal pleno de la Corte Suprema analizó la iniciativa legal que establece roaming automático nacional. Informe que fue enviado a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado el viernes 25 de octubre pasado, con el parecer del pleno de ministros sobre el procedimiento de arbitraje pasa la resolución de conflictos.

«Al respecto, se debe tener presente que la institución del arbitraje forzoso ha sido fuertemente criticada en atención a que afecta la autonomía de la voluntad, la cual es el pilar del sistema de arbitraje, en el cual las partes son libres para decidir tanto si entregan el conocimiento de su conflicto a un árbitro como a la persona misma que ejercerá el cargo. Asimismo, se critica que la institución priva a los sujetos de derecho de la posibilidad de acceder al sistema de justicia que el Estado debe proveer en forma gratuita y con ello se vulnera el derecho de igualdad ante la ley, lo cual constituye una infracción a la Constitución Política de la República», plantea el informe.

Oficio que agrega: «Por otro lado, con ocasión de la tramitación del proyecto de ley sobre ‘Jueces árbitros y el procedimiento arbitral’ (Boletín N° 857-07), la Corte Suprema señaló que resultaban aplicables las mismas observaciones realizadas al proyecto de ley sobre ‘Reforma al sistema de administración de justicia’ (Boletín N° 331-07), por no existir cambios sustanciales entre ambas propuestas».

En síntesis y en lo relativo al arbitraje, el máximo tribunal sostiene que: «(i) debe primar la intervención de los órganos jurisdiccionales establecidos en la ley por sobre los jueces árbitros; (ii) la Constitución, en el numeral 3° de su artículo 19, consagra el principio de rango constitucional de igual acceso a la justicia, el cual es vulnerado por la necesidad de pagar honorarios al juez árbitro «porque no todos los chilenos estarán en este aspecto en igualdad ante la ley, rompiéndose de esta manera algunos de los principios formativos del proceso»; (iii) es un derecho de todo ciudadano el poder acudir a los tribunales ordinarios para la solución de sus conflictos; y (iv) la gratuidad de la administración de justicia es un principio básico del ordenamiento procesal».

«En efecto –continúa–, es la propia ley la que establece que el árbitro ‘arbitrador’ no resuelve -aunque podría- conforme a derecho, por lo que otorgarle dicha calidad para luego obligarlo a fallar ‘considerando’ derecho positivo parece al menos contradictorio».

«Lo anterior nos lleva a la duda acerca de sí la propuesta se refiere propiamente a un árbitro arbitrador, pero que de alguna forma debe considerar el derecho sin estar sujeto a éste o, derechamente, se trata de un árbitro mixto y la expresión ‘arbitrador’ resulta sólo una aplicación del inciso 4° del artículo 227 del Código Orgánico de Tribunales que, como ya vimos, obliga al árbitro a fallar conforme a derecho, pero le permite tramitar como arbitrador», añade.

«La dificultad interpretativa arriba indicada debiese ser resuelta, pues la confusión tendrá implicancias en varios niveles. Por ejemplo, si se considera que se trata propiamente de un amigable componedor, no procederá en contra de su sentencia recurso de apelación y recurso de casación en el fondo», afirma el pleno de ministros.

Además, para la Corte Suprema «(…) cabe destacar que la gran parte de la futura regulación se encontrará contenida en el reglamento que se deberá dictar para la aplicación del artículo 26 bis -que por lo demás tendrá por finalidad proteger aspectos tan relevantes como la equidad de las partes contratantes-, la cual finalmente el juez podría obviar, dado su carácter de arbitrador».

Asimismo, se debe tener presente que el proyecto en comento incidirá en el uso que se podrá hacer del espectro radioeléctrico y en el acceso a servicios de telefonía móvil y servicios de transmisión de datos móviles. En relación con lo anterior el inciso 2° y del artículo 2° de la Ley N° 18.168 disponen que «[…] todos los habitantes de la República tendrán libre e igualitario acceso a las telecomunicaciones», mientras que el inciso 3° declara al espectro radioeléctrico como bien nacional, cuyo dominio pertenece a la Nación toda», concluye.