El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, aseguró que los acontecimientos que vive nuestro país son de extrema gravedad y que «instalan la violencia y la fuerza desmedida, se desconocen y relativizan los derechos de las personas».

En su discurso -con motivo de una nueva ceremonia de juramento de abogados- aclaró: «En el día de hoy no quiero desentenderme de los graves hechos de violencia que vienen produciéndose en el país desde hace días. Son de extrema gravedad para todas las personas. No sólo para aquellas que son afectadas de manera concreta, sino para todos los que habitamos este país, pues destruyen la convivencia y el respeto recíprocos, la solidaridad, el diálogo, la expresión, las confianzas, las certezas,   esenciales para la vida en comunidad de un país, y perjudiciales para los desempeños cotidianos que todos desarrollamos y requerimos desarrollar».

«Se instalan la violencia y la fuerza desmedida, se desconocen y relativizan los derechos de las personas. Estas circunstancias extremadamente preocupantes para la institucionalidad democrática y republicana y para los ciudadanos, relevan el valor y funcionalidad de la potestad jurisdiccional que la Constitución Política de la República ha radicado exclusivamente en el Poder Judicial», estableció.

La autoridad destacó que el rol del Poder Judicial es proteger los derechos de todas las personas, con énfasis en un estado de excepción como el que vive Chile actualmente: «El mandato dado a la jurisdicción la obliga a garantizar y proteger los derechos de todas las personas, sobre todo en situaciones de excepción, porque en éstas es precisamente cuando el derecho actúa como última salvaguarda».

 

PLAN ESTRATÉGICO

El presidente Brito explicó que el fin de semana recién pasado, en Punta Arenas, la Corte Suprema aprobó su plan estratégico para los próximos cinco años, la que consagra al Poder Judicial como garante del Estado de Derecho. «La función del Poder Judicial consiste  en «resolver los asuntos de su competencia con apego al ordenamiento jurídico y respeto de todos los derechos de las personas, facilitándoles el acceso a la justicia, garantizando y fortaleciendo el estado de derecho y la democracia, para contribuir así a la paz social».

«Además, para el cumplimiento de tales deberes de carácter constitucional, como ya hemos dicho, la Corte Suprema identificó como valores exigibles a cada uno de los miembros de la judicatura «la imparcialidad: esto es actuar con ecuanimidad, objetividad, igualdad y no discriminación; independencia: actuar libre de injerencias internas y externas garantizando a los ciudadanos el derecho a ser juzgados con parámetros jurídicos, para evitar la arbitrariedad y salvaguardar los derechos fundamentales; probidad: esto es, conducta intachable; respeto y buen trato: la debida consideración a todas las personas y grupos de la sociedad; responsabilidad: cumplir con los deberes y obligaciones; transparencia: actuar en forma abierta y clara permitiendo el control y el seguimiento por parte de la ciudadanía; y, vocación de servicio: realizar el trabajo con consciencia de su aporte a la sociedad y a la satisfacción de necesidades individuales y comunitarias» .