La Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile presentó un recurso de protección contra la decisión del Tribunal Constitucional de diciembre de 2018. Esa acción decía que la magistratura, al declarar inaplicable el procedimiento de tutela laboral, (ver recuadro) afectaba el derecho fundamental a la igualdad ante la ley de una de sus asociadas.
No obtuvo en la Tercera Sala de la Corte Suprema un fallo favorable a sus intereses, porque el recurso fue rechazado, pero en él se hizo una advertencia al TC: que sus decisiones podían ser revisadas vía recursos de protección si excedía el ámbito de sus competencias.
La magistratura constitucional recibió con molestia ese mensaje. Sintió que se invadían sus atribuciones y así lo dijo en su declaración pública de la semana pasada. Y ahora, aunque este miércoles los presidentes de ambos tribunales, María Luisa Brahm y Haroldo Brito, dieron por ‘superado’ el conflicto, una multiplicidad de juicios podría reactivarlo.

Una muestra de los ingresos
Solo en cuatro meses ingresaron 52 requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 1° inciso tercero y 485 del Código del Trabajo. Todos similares al fallado por el TC a fines del año pasado.
Ese número fue entregado por el expresidente de la magistratura Iván Aróstica en su cuenta pública: ‘Entre la dictación de este fallo (de diciembre pasado) y el 11 de abril de 2019, han ingresado a este tribunal 52 causas por este motivo’. De ellas, en 11 casos fueron los mismos jueces del Trabajo quienes solicitaban un pronunciamiento.
Si en el portal institucional del TC se realiza una búsqueda por el parámetro ‘artículos 1°, inciso tercero, y 485, del Código del Trabajo’ y se revisa cada expediente, se observa que 24 de esas causas ya fueron resueltas a la fecha . Mayoritariamente por sentencia, aunque hubo un par de inadmisibilidades, un requerimiento retirado y otro que se dio por no presentado.

El posible correlato en la Tercera Sala
Deberá entonces el TC pronunciarse al menos otras 28 ocasiones sobre este asunto, y cada vez que un funcionario público no quede satisfecho con la sentencia, podría si considerara vulnerados sus derechos fundamentales, como la igualdad ante la ley, recurrir de protección a la Corte de Apelaciones correspondiente y, si el resultado le es adverso, seguir hasta la Tercera Sala de la Corte Suprema, como ya ocurrió. Es decir, por cada uno de esos casos, pudiera haber un correlato en esa sala. Es decir, podría haber otros 28 recursos de protección.
Todo ello, mientras que en la Suprema, en la Cuarta Sala, está aún pendiente —o en acuerdo— el fallo de fondo del caso respecto del que ya se conoció la sentencia del TC (diciembre) y la resolución de la Tercera Sala (la semana pasada), que originó la divergencia.

Dos nuevos recursos de protección
A ese escenario, se suma que ya a la misma sala que hizo la ‘advertencia’ a la magistratura constitucional llegaron dos recursos de protección.
El primero, que ingresó el miércoles recién pasado, es también contra una sentencia del TC en que se mantiene el razonamiento respecto de la tutela laboral. Esta vez declaró inaplicable este procedimiento al caso particular de un funcionario del Hospital Luis Tisné.
La otra acción constitucional es por una suspensión decretada por el TC en un juicio de distinta naturaleza.

Los recursos fiscales comprometidos
Sin perjuicio de un posible nuevo escenario de enfrentamiento entre los tribunales, un asunto que preocupaba al expresidente del TC el ministro Iván Aróstica a comienzos de año, cuando miraba los números, era que solo esos 52 requerimientos ‘comprometen un total de casi $4.500 millones ($85 millones en promedio por cada funcionario)’.
Y si los requerimientos tuvieran un ingreso sostenido en los meses que siguieron, durante los 10 primeros del año superarían el centenar y el monto se empinaría por sobre los $10 mil millones.

Fuente: El Mercurio