El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, había dicho en la víspera que se reuniría ‘con toda seguridad’ con su par del Tribunal Constitucional (TC), María Luisa Brahm, y que el conflicto estaba superado.
Los ánimos por fin parecían calmarse luego de una agitada semana en que una resolución de la Tercera Sala del máximo tribunal había provocado profunda molestia en la magistratura constitucional.
Ayer, sin embargo, una declaración pública del Consejo del Colegio de Abogados reactivó el debate, porque contenía un duro párrafo que —en distintos círculos jurídicos y en la propia Corte— fue entendido como un abierto respaldo al TC. ‘Un Poder Judicial que invade progresivamente las competencias de otros órganos constitucionales debilita el Estado de Derecho, llamado precisamente a proteger, creando incertidumbre jurídica y poniendo en riesgo la defensa eficaz de los derechos de los ciudadanos y su actuación en el desarrollo de sus actividades’, se leía en el texto.

La preocupación del gremio
También se expresaba que existe entre los consejeros una ‘seria preocupación’ por la situación que enfrenta a ambos tribunales, tras el fallo de la Tercera Sala, recordando que ‘la Constitución establece claramente un sistema concentrado de control en el cual, así como el Tribunal Constitucional no puede revisar los fallos de los demás tribunales, estos no pueden revisar los fallos del Tribunal Constitucional’.
Incluso, se alude a la defensa que hizo el Colegio de tres supremos cuando fueron acusados constitucionalmente y ofrece su ayuda en la resolución del actual conflicto.

¿Por qué se hace?
El vocero de la Corte Suprema, el ministro Lamberto Cisternas, comentó a ‘El Mercurio’ que desconocía ‘el porqué interno de la declaración, si fue unánime y si participó en ella la señora Etcheberry, que es abogada integrante de la Corte Suprema y que está en el acuerdo de la Cuarta Sala. Me falta, entonces, el contexto’.
Según confirmó la propia abogada, ella participó y firmó dicha declaración, al igual que la totalidad de los consejeros.
La aprensión que desliza el ministro Cisternas apunta a que Etcheberry, integrando la Cuarta Sala, fue designada en julio pasado como redactora del fallo que dio inicio a la polémica.
Se trata de un juicio de tutela laboral de una funcionaria pública que denunció la vulneración de sus derechos fundamentales al haber sido desvinculada de su trabajo en la Municipalidad de San Miguel.
El problema fue que para el TC, de acuerdo a lo que expresa en un fallo de diciembre de 2018, ni ella ni ningún trabajador del sector público puede invocar el procedimiento de tutela laboral, como sí sucede con los del sector privado regidos por el Código del Trabajo. Debían ir a la Contraloría o vía recurso de protección.
Ahí entonces surgió la acción constitucional —en ese mismo caso— que llegó también a la Suprema, pero a otra sala, la Tercera, y esta al resolverla advirtió al TC que sus decisiones son susceptibles de ser revisadas por esta vía, si se excediera en sus atribuciones, y que será el tribunal ordinario, ya sea la Corte de Apelaciones o el máximo tribunal, el que determinará cuánto aplicará o no de lo dispuesto por la magistratura constitucional.
Fue una advertencia que no alcanzó a ejecutarse, porque el recurso se rechazó, pero ahora ese tribunal ordinario al que se alude será la Cuarta Sala. Esa sala que integra Etcheberry es la llamada a resolver cómo aplicará al caso lo que dijo el TC en diciembre.

Visiones divergentes en el debate
Además de las aprensiones sobre si Etcheberry había suscrito esa declaración, el vocero de la Suprema dice que ‘la ponencia de la mayoría del fallo de la Tercera Sala no se atribuye competencia porque sí y en cualquier caso. No parece bueno que tratemos livianamente algo que aparece bien fundado, independiente de si lo compartimos o no’.
También puntualiza que la acusación constitucional fue ‘una cuestión distinta, que no incidía en temas como los que acá podrían debatirse’ y agrega: ‘no puede olvidarse que varios distinguidos abogados y académicos han expresado puntos de vista distintos de esta declaración’.

‘Nuestra intención no fue apoyar al TC’
—¿Pensó en inhabilitarse de suscribir la declaración por la labor que desempeña en la Corte?, ¿por estar en el acuerdo de la Cuarta Sala?
—Ni siquiera lo pensé, porque creo que si se hubiera dado la situación en que dijéramos que la declaración era para apoyar lo que había señalado el TC, si hubiera sido así, a lo mejor no la hubiera suscrito o hubiera pensado que podía ser un problema, no lo pensé porque no se dio en ese contexto la declaración.
‘Nuestra intención, mientras estuvimos todos los consejeros ahí, nunca fue ‘oye, apoyemos al TC’, jamás, esa frase no se pronunció siquiera’, puntualizó la magistrada.

Fuente: El Mercurio