Solo a cuatro de las nueve sesiones del Consejo de Fiscales Regionales del Ministerio Público asistió el fiscal jefe de O’Higgins, Emiliano Arias, desde su nombramiento en la zona durante 2016. Hecho que, a juicio de la Fiscalía Nacional, refleja ‘su evidente falta de interés o displicencia en el cumplimiento de las obligaciones que le impone el cargo que sirve’.
Por lo menos así se establece en el escrito que el Ministerio Público ingresó la mañana de ayer ante la Corte Suprema en que oficializó la solicitud para la remoción del persecutor.
Trámite que concretó la representante de la Fiscalía Nacional, la expresidenta del Tribunal Constitucional y actual secretaria general de la Pontificia Universidad Católica, Marisol Peña.

Lo que se le atribuye
Se estima por el ente persecutor que las inasistencias de Arias a estas citas —que de forma trimestral reúnen a los 19 fiscales regionales del país— configura una falta de ‘negligencia manifiesta’, que se suma a otros tres hechos detallados en el documento.
En el escrito se subraya la reiteración de conductas alejadas de la normativa institucional, haciendo referencia a dos investigaciones administrativas más que enfrentó entre 2016 y 2017, en las que se acreditaron infracciones respecto de la filtración de información confidencial a terceros ajenos a las investigaciones de la fiscalía.
Como segundo cargo, se le atribuye —en el texto— ‘mal comportamiento’ relacionado con un grupo de ocho acciones, como la instrucción de abrir, por oficio, una investigación que lo ubica a él como víctima del ilícito investigado y, por lo tanto, la omisión de reportar el hecho.
El escrito también considera el haber ordenado filtrar información a terceros ajenos a las investigaciones, negar apoyo de la Fiscalía de Alta Complejidad a una fiscal que llevaba el caso Caval y disponer del vehículo fiscal y de su chofer para fines particulares.

Admisibilidad
En representación de la fiscalía, Peña explicó que en total son 12 las acciones que se le reprochan a Emiliano Arias: ‘Se han señalado en forma muy precisa y detallada ocho hechos en el caso del mal comportamiento y cuatro hechos adicionales en el caso de la negligencia manifiesta que fundamentan la petición del fiscal nacional’.
Y sostuvo que ‘tengo la más absoluta convicción de que es una acción sustentada en términos muy firmes en la Constitución, en la Ley Orgánica del Ministerio Público, en el Código Penal y también en normas internas que rigen al Ministerio Público’.
Se espera que en el próximo pleno del máximo tribunal —el lunes 21 de octubre— se defina la presentación. La abogada dijo que ‘tenemos la esperanza de que vamos a sortear con éxito la fase de admisibilidad’.
También estimó que la causa contra los jueces, removidos de la Corte de Apelaciones de Rancagua, incidirá en la remoción de Arias, porque ‘tiene relación, a mi juicio, porque, constitucionalmente hablando, la Carta Fundamental, en dos oportunidades, se refiere al comportamiento funcionario, en el caso de los jueces, que pueden ser removidos por mal comportamiento y también en el caso del fiscal nacional y de los fiscales regionales’ .
Por eso, concluyó: ‘Naturalmente creemos que los criterios que ha desarrollado la excelentísima Corte Suprema van a ser muy pertinentes en el debate que se va a iniciar a partir de este momento respecto de esta solicitud’, consigna El Mercurio.
La defensa del fiscal afirmó, por su parte, que no existen fundamentos para acreditar su mal comportamiento, ni evidencia objetiva. Así lo hace ver en sus descargos en el último sumario que se sustanció en su contra al interior del Ministerio Público.
Como estrategia, además, se sumó al abogado Cristóbal Osorio al equipo de defensores que representa a Arias en tres dimensiones del caso: la investigación penal, el sumario y la remoción ante la Corte Suprema.