Fueron 465 las indicaciones que se presentaron al proyecto de ley de migraciones, impulsado por el Ejecutivo, y que actualmente se discuten en la comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado.
Y aunque una vez recibidos los comentarios hace un par de semanas, su presidente, el senador Juan Pablo Letelier (PS), no se mostró inquieto por los puntos en los que hay disenso, ya se han ido definiendo los primeros focos de conflicto.
Uno de ellos es la posibilidad de que los extranjeros —sin importar la forma en la que ingresaron a Chile— puedan regularizar su situación a los dos años, cumpliendo ciertos requisitos.
En una carta a ‘El Mercurio’ el 5 de octubre, Álvaro Bellolio, jefe del Departamento de Extranjería y Migración, calificó la fórmula como ‘un llamado evidente a la irregularidad y a la migración sin restricción’.
Este punto fue tomado de una serie de recomendaciones que el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y la Fundación Pro Bono, junto a otras 18 organizaciones, presentaron a la comisión de la Cámara en mayo pasado. La propuesta apunta a que ‘si una persona se encuentra en situación irregular por dos años y cuenta con vínculo laboral o solvencia económica, pueda acceder a una categoría de residencia temporal por motivos extraordinarios’.
El senador Alejandro Navarro (País Progresista), uno de los impulsores de la indicación, plantea que si bien se debe ‘regular estrictamente el ingreso, si tenemos extranjeros que ya ingresaron a Chile, independientemente de su condición migratoria, no se les puede discriminar. Tiene que haber un estatus que permita que no estén de manera irregular’.
Juan Pablo Ramaciotti, director de Incidencia del SJM, afirma que el objetivo de la indicación es ‘evitar un proceso de regularización extraordinario cada diez años, que termina haciéndose cargo de un sistema que no está funcionando’.
Discrepa la senadora Luz Ebensperger (UDI). ‘La regla general tiene que ser el no permitir el cambio de categoría migratoria, porque sino seguiríamos igual como estamos ahora’, sostiene. La parlamentaria señala que la actual redacción del proyecto ya ‘considera excepciones para casos debidamente fundados’, por lo que espera ‘que la regla general sea no permitir el cambio’.
Donde tampoco hay consenso es en el principio de no devolución, que la oposición busca explicitar en el proyecto de ley. ‘Eso ya está establecido en nuestro país, pero para los refugiados, y creo que debe mantenerse en la ley de refugiados y no meter aquí ese tema’, apunta la misma parlamentaria.
Según Ramaciotti, ‘lo importante de este principio, al que Chile está obligado por tratados internacionales, es que se le otorgue protección y seguridad a las personas cuya vida, seguridad o libertad estén en peligro. Y eso aplica para personas refugiadas, pero también para otras que no lo son o no están en condiciones de pedir el refugio’, consigna El Mercurio.
Otro de los puntos donde según Ebensperger habría acuerdo en el fondo, pero faltaría consensuar ciertos detalles, es la convalidación de los títulos para extranjeros, que actualmente solo puede ser realizada por la Universidad de Chile. ‘El proyecto plantea que lo puedan hacer todas las universidades públicas, y queremos ampliarlo. Algunos dicen que a todos los planteles del Consejo de Rectores; otros decimos a todas las universidades, con tal de que tengan acreditación de cinco años hacia arriba’, postula.
Y aunque una vez recibidos los comentarios hace un par de semanas, su presidente, el senador Juan Pablo Letelier (PS), no se mostró inquieto por los puntos en los que hay disenso, ya se han ido definiendo los primeros focos de conflicto.
Uno de ellos es la posibilidad de que los extranjeros —sin importar la forma en la que ingresaron a Chile— puedan regularizar su situación a los dos años, cumpliendo ciertos requisitos.
En una carta a ‘El Mercurio’ el 5 de octubre, Álvaro Bellolio, jefe del Departamento de Extranjería y Migración, calificó la fórmula como ‘un llamado evidente a la irregularidad y a la migración sin restricción’.
Este punto fue tomado de una serie de recomendaciones que el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y la Fundación Pro Bono, junto a otras 18 organizaciones, presentaron a la comisión de la Cámara en mayo pasado. La propuesta apunta a que ‘si una persona se encuentra en situación irregular por dos años y cuenta con vínculo laboral o solvencia económica, pueda acceder a una categoría de residencia temporal por motivos extraordinarios’.
El senador Alejandro Navarro (País Progresista), uno de los impulsores de la indicación, plantea que si bien se debe ‘regular estrictamente el ingreso, si tenemos extranjeros que ya ingresaron a Chile, independientemente de su condición migratoria, no se les puede discriminar. Tiene que haber un estatus que permita que no estén de manera irregular’.
Juan Pablo Ramaciotti, director de Incidencia del SJM, afirma que el objetivo de la indicación es ‘evitar un proceso de regularización extraordinario cada diez años, que termina haciéndose cargo de un sistema que no está funcionando’.
Discrepa la senadora Luz Ebensperger (UDI). ‘La regla general tiene que ser el no permitir el cambio de categoría migratoria, porque sino seguiríamos igual como estamos ahora’, sostiene. La parlamentaria señala que la actual redacción del proyecto ya ‘considera excepciones para casos debidamente fundados’, por lo que espera ‘que la regla general sea no permitir el cambio’.
Donde tampoco hay consenso es en el principio de no devolución, que la oposición busca explicitar en el proyecto de ley. ‘Eso ya está establecido en nuestro país, pero para los refugiados, y creo que debe mantenerse en la ley de refugiados y no meter aquí ese tema’, apunta la misma parlamentaria.
Según Ramaciotti, ‘lo importante de este principio, al que Chile está obligado por tratados internacionales, es que se le otorgue protección y seguridad a las personas cuya vida, seguridad o libertad estén en peligro. Y eso aplica para personas refugiadas, pero también para otras que no lo son o no están en condiciones de pedir el refugio’, consigna El Mercurio.
Otro de los puntos donde según Ebensperger habría acuerdo en el fondo, pero faltaría consensuar ciertos detalles, es la convalidación de los títulos para extranjeros, que actualmente solo puede ser realizada por la Universidad de Chile. ‘El proyecto plantea que lo puedan hacer todas las universidades públicas, y queremos ampliarlo. Algunos dicen que a todos los planteles del Consejo de Rectores; otros decimos a todas las universidades, con tal de que tengan acreditación de cinco años hacia arriba’, postula.