En momentos en que el Ministerio de Justicia y el de la Mujer están preparando un proyecto de ley para que el uso de tobilleras electrónicas deje de ser exclusivo para condenados y comience a emplearse para frenar a potenciales acosadores sexuales, la Corte Suprema finalmente falló un recurso de queja que congeló un proceso de licitación que se había iniciado en 2017 en Gendarmería, para licitar el monitoreo de este sistema de control de presos con beneficios en libertad.
El recurso interpuesto tenía por objeto determinar si los ministros de Corte de Apelaciones incurrieron en falta grave cuando la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dictó su fallo de fecha 15 de septiembre de 2018 rechazando las reclamaciones y en consecuencia ratificando lo resuelto en primera instancia por el Tribunal de Contratación Pública.

Comisión evaluadora volverá a sugerir
La Corte Suprema ratificó finalmente el fallo de la Corte de Apelaciones, conforme al cual Gendarmería debería retrotraer el proceso de licitación al punto en que la Comisión Evaluadora sugiere al director de Gendarmería un oferente para adjudicar el sistema.
El problema se suscitó porque en 2017 Gendarmería no escogió al licitador que obtuvo el primer puntaje, aduciendo razones de beneficio técnico. Ante ello, las firmas afectadas recurrieron al Tribunal de Contratación Pública. Y el caso llegó a la Suprema.
Mientras el proceso estuvo congelado, el servicio penitenciario mantuvo a la empresa Track-Group SPA, que se había adjudicado la primera licitación (habiendo obtenido el tercer lugar), para que siguiera prestando el servicio de monitoreo, mediante la modalidad de Trato Directo. El máximo puntaje lo había obtenido la empresa UPT Pegasus-Synergy, que deberá ser considerada en esta ocasión para el proceso retrotraído.

Se hará pronto nueva licitación
Ahora volverán a estar en carrera para la adjudicación las firmas Pegasus Group, Track Group, Global System y Cramick Pegasus.
De cualquier modo, todo volverá a cambiar cuando se apruebe el proyecto para que personas sin condena sean controladas por este sistema, puesto que se deberá hacer una nueva licitación ya que cambiarán las condiciones y el número de las tobilleras.

Fuente: El Mercurio