El Tribunal Constitucional acogió a trámite un segundo requerimiento de una persona de Punta Arenas que pidió retirar sus fondos de pensiones, sumándose al caso de una profesora jubilada de Antofagasta.
Beatriz Valenzuela, quien se desempeña en la atención primaria de salud municipal, envió el 18 de junio una carta a AFP Habitat en la que solicitó retirar el dinero, lo que fue rechazado por la entidad.
Debido a esto, la técnico en enfermería de 60 años presentó un recurso de protección, que fue acogido por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, que decidió presentar una consulta al TC para que determine si es aplicable el Decreto Ley 3.500, en oposición al derecho de propiedad garantizado por la Constitución.
El abogado Rodolfo Saldivia comentó que «en los últimos 10 años ha ganado un millón 100 mil pesos como renta bruta, tiene bastante pocas lagunas. Logró acumular una pensión que está proyectada en ser de 208 mil pesos, que no alcanza a cubrir el ingreso mínimo».
El académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Jorge Ríos, sostuvo que «normalmente las personas tienden a preferir el consumo presente y futuro, entonces ahí es donde se deja toda una dinámica al respecto, ¿qué pasa si yo le entrego los fondos?», consigna Cooperativa.
«Si en cinco años más no tiene fondos, ¿quien se hace responsable por esa persona? En Perú ya pasó el tema y resulta que las personas retiraron sus fondos de pensiones y en vez de guardarlos para el futuro el 80 por ciento se las gastó en consumo», cuestionó.