En conversación con ‘El Mercurio’, el abogado confirmó que incluirá el requerimiento de inhabilidad en su apelación ante el máximo tribunal, donde espera revertir la medida cautelar de arraigo nacional dictada el viernes por el Tribunal de Garantía de Rancagua, donde Carla Vásquez fue formalizada porque presuntamente habría presentado declaraciones juradas falsas para obtener cargos en juzgados de Peumo y San Vicente, en la Región de O’Higgins.
Según fiscal Barros, se faltó a la verdad
El fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros, detalló en la audiencia que el 25 de enero de 2016 la imputada, con la finalidad de quedar habilitada para un cargo de suplencia de 35 días, faltó a la verdad en cuanto a causales de inhabilidades que tenía por ser hija de un ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Y que, el 22 de julio, habría repetido esta acción para otro cargo de suplencia en San Vicente, para un periodo de quince días. Obteniendo en la misma formalización la cautelar de arraigo nacional en contra de la indagada.
Imputaciones instrumentalizadas
Según Silva estas imputaciones son instrumentalizadas por la fiscalía para sostener la causa en contra del padre de Carla Vásquez, ya que el 25 de enero de 2016 Marcelo Vásquez aún era ministro de la Corte de Valdivia: ‘El Ministerio Público mañosamente pretende establecer que, por el hecho de haber estado nombrado en la corte de Rancagua, se estaba desempeñando ahí pero eso no es efectivo. Es evidente y de conocimiento público que un juez asume el cargo en propiedad y lo comienza a desempeñar en el momento en que lo jura. El día en que Carla hizo la declaración jurada, ella efectivamente era hija de un ministro de la Corte de Apelaciones de Valdivia’.
—¿Qué concluye entonces de la formalización de su representada?
—Esta declaración jurada ante notarios es una práctica y no la exige la ley. Y eso es muy importante porque al no estar exigida por la ley deja de ser delito. Hoy la situación que se le imputa a Carla (Vásquez) es un hecho que no es constitutivo de delito, porque para que sea delito esa declaración jurada debió ser exigida por ley.
El defensor plantea: ‘Nos encontramos en una situación insólita en que siendo evidente que un hecho que es una falta, que está prescrito y que no es constitutivo de delito, la jueza decide no decretar el sobreseimiento definitivo. La deja con una medida de arraigo nacional, siendo que la razón por la que se le imputa es la relación que tiene con su padre. Entonces es todo un sin sentido. Yo no puedo no pensar que esto es precisamente para que sea utilitario a este tema de instrumentalizar una investigación en contra del ministro Vásquez’.
‘No tengo duda de la inocencia del ministro Vásquez’
—¿Usted como defensor estima que se utiliza a la hija en la causa contra su padre?
—Absolutamente. Acá el Ministerio Público se decidió a destruir una carrera de un muy buen funcionario judicial. Una persona muy correcta. Entiendo que su defensa ha solicitado el sobreseimiento definitivo. Yo también. Pero yo no tengo ninguna duda de la inocencia del ministro Vásquez.
—¿Cuál es su tesis?
—Hay que ir más atrás. Acá sucedió que a raíz del nombramiento del fiscal Arias como fiscal regional empezó a tomar relevancia y connotación la investigación de causas que pareciera ser que no correspondían a la jurisdicción de Rancagua. Realizó medidas intrusivas, allanamientos, en fin, respecto de las cuales las defensas, haciendo pleno ejercicio de sus derechos, presentaron los recursos correspondientes. Y la Primera Sala, que era la que más tenía conocimiento en el tema penal, que era la integrada por los ministros Marcelo Vásquez, Albornoz y Elgueta, fue y le dijo ‘no, señor fiscal, si usted quiere hacer las cosas, esto no es el lejano oeste y las tiene que hacer de forma tal que se respete el debido proceso’, y ahí fue donde se trabó esta suerte de guerra entre los ministros y el Ministerio Público.
Y agrega: ‘El Ministerio Público alegaba que esta sala no lo dejaba investigar. Y esta sala y estos ministros en particular decían que el fiscal se estaba extralimitando en sus facultades y no estaba respetando el debido proceso’.
‘Está poniendo en jaque al sistema’
—¿Pero la fiscalía con qué fin haría algo así? ¿Qué gana? Además hubo cambio de fiscal. La causa de Emiliano Arias la tomó Barros.
—Pensé que este era un tema que venía del fiscal Arias. Pero no entiendo el porqué la fiscalía insiste.En ese sentido indica que presentó ‘apelación a las cautelares de Carla y respecto de la negación del sobreseimiento. Y ya anuncié que voy a solicitar que se inhabiliten los jueces de la corte de Rancagua y lo fiscales judiciales o integrantes porque ciertamente tienen intereses comprometidos y no son personas que hoy día estén en una situación de imparcialidad para resolver una situación de estas características’.
Finalmente, concluye que ‘esta es una causa que está poniendo en jaque al sistema, es una instrumentalización por parte del muy poderoso Ministerio Público, que no ha tenido el suficiente control por parte de quien debiera controlarlo, que son los jueces’.