Al fondo de la discusión del libelo acusatorio en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, pasará la Sala de la Cámara de Diputados tras rechazarse la denominada «cuestión previa» argumentada por la defensa, la cual pasaba por indicar que la acusación no reunía los requisitos formales para su presentación.

La votación, que coincidió en 76 votos a favor y 76 en contra, se verificó tras escuchar a la defensa de la ministra Cubillos, el abogado Francisco Cox, y a los cinco integrantes de la comisión encargada de analizar la admisibilidad de la acusación, que recomendó rechazar la acusación y acoger la cuestión previa, los/as diputados/as Pedro Pablo Alvarez-Salamanca (UDI), Catalina Del Real (RN), Hugo Rey (RN), Celso Morales (UDI) y Maite Orsini (RD).

Argumento de la defensa
Planteada la cuestión previa por la ministra Marcela Cubillos, el abogado Francisco Cox pasó a explicar los fundamentos de la defensa para sostener dicha tesis, sustentados en cuatro puntos:
1-La acusación no respecta el carácter de última ratio que debe tener la acusación constitucional y que es reconocida, tanto por la doctrina, pero más importante aún por la práctica constitucional de la Cámara, salvo con dos y lamentables excepciones.
En dicho marco, por ejemplo, remarcó la importancia de haber utilizado previamente otras herramientas como la constitución de una comisión investigadora o la realización de una interpelación, cuyo perfil se enrola más en un nicho político que la acusación constitucional, herramienta de carácter jurídico constitucional.
En este ámbito también se hizo especial mención al tema de los tweets y correos que, pudiendo no ser compartidos desde una visión política, no vulneraron ley alguna, hecho que fue habría sido ratificado por la Contraloría de la República y el Consejo para la Transparencia.
2-No se verifican las causales establecidas en la Constitución para que proceda la acusación constitucional, ya que se da cuenta de supuestas diferencias políticas y no infracciones jurídicas.
Argumentó que la acusación constitucional no es una herramienta para proscribir a personas o ideas. «No es posible sostener jurídicamente que la acusación se agota en un mero análisis político», acotó, señalando luego que la acusación debe establecerse sobre la base de una clara infracción de regla constitucional.
3-La acusación constitucional debe contener imputaciones de hechos que son personales o de responsabilidad exclusiva de la ministra de Educación, situación que no se correspondería porque se adjudican acciones y controles jerárquicos a entidades orgánicamente descentralizadas, como son los servicios locales de educación.
4-La acusación constitucional no respeta el debido proceso. Es decir, se estimó que no se puede conducir un proceso racional y justo como asegura a todas las personas nuestra Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile.