Tal como lo manifestáramos en comentarios anteriores, el acceso a la justicia constituye un derecho fundamental que el Estado debe garantizar a sus ciudadanos, de modo que quien lo requiera pueda satisfacer su necesidad legal.
En nuestro país, la Corporación de Asistencia Judicial es uno de los órganos llamado a garantizar y concretar el acceso a la justicia de todos los ciudadanos, entregando orientación jurídica y patrocinio judicial gratuito a quienes lo necesiten. Sin embargo, la materialización efectiva de dicho mandato exige que en algunas áreas jurídicas el Estado cuente con profesionales especializados y capacitados para atender los requerimientos de la población, de modo de poder establecer un justo equilibrio entre todos los intervinientes del conflicto jurídico. Se trata de entregar una defensa gratuita, pero no por ello de baja calidad. Para el cumplimiento de dicho mandato la Corporación ha ido creando en el tiempo Centros y Oficinas Especializadas de Defensa Judicial. Así ocurrió en una primera etapa con los Centros de Atención a Víctimas de Delitos Violentos y luego con las Oficinas de Defensa Laboral, unidades que cuentan con Profesionales y Abogado/as especializados tanto en la defensa de víctimas como en la defensa de los derechos de los trabajadores.
Las Oficinas de Defensa Laboral, que cumplen diez años desde la época de su creación en nuestra región, han permitido entregar a los trabajadores orientación y defensa judicial especializada en el ámbito laboral, lo que ha permitido garantizar un justo equilibrio entre trabajadores y empleadores en el marco del conflicto jurídico laboral. En la Región de Aysén, la Corporación de Asistencia Judicial cuenta con dos Oficinas de Defensa Laboral, emplazadas en las ciudades de Coyhaique y Puerto Aysén, y otorgan cobertura a los trabajadores de la región en coordinación con los Consultorios Jurídicos de la Corporación ubicados en las ciudades asiento de tribunal, en que no existen dichas Oficinas. Las principales materias atendidas en estas Oficinas dicen relación con defensas por despido injustificado, nulidad de despido, cobro de prestaciones laborales, desafuero laboral, demandas ejecutivas, accidentes del trabajo, etc.
Nadie puede ser privado de acceder al servicio de orientación legal, sin embargo, para poder acceder al servicio de patrocinio judicial se requiere que la última remuneración del trabajador sea igual o inferior a 2,36 Ingresos Mínimos Mensuales líquidos, y tratándose de los desafueros maternales, de común ocurrencia, la remuneración de la trabajadora debe ser igual o inferior a 4,72 Ingresos Mínimos mensuales. La defensa especializada en el ámbito laboral ha permitido poder ofrecer a los trabajadores de la región una defensa judicial de calidad, que ofrece altas probabilidades de éxito, lo que se ve reflejado en las estadísticas de ambas Oficinas, cuyos resultados favorables promedio de los dos últimos años alcanza a un 85% del total de casos judicializados.

Por Iván Gutiérrez Loyola, Director Regional Aysén Corporación de Asistencia Judicial, en El Divisadero.