Las asociaciones nacionales de Magistrados y Fiscales denunciaron al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras agotar instancias ordinarias locales para intentar revertir la exclusión del reajuste al sector público de la que fueron objeto en 2016.

En concreto, la acción fue presentada en Washington por la líder de los jueces, Soledad Piñeiro Fuenzalida; y por su homólogo dentro de los persecutores, Claudio Uribe Hernández; quienes fueron acompañados por el abogado Ciro Colombara López.

A su juicio, la exclusión “constituye un mecanismo de control que atenta contra la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, además de una discriminación arbitraria en perjuicio del rol de los afectados”, consigna Biobio Chile.

A través de un comunicado, los magistrados señalaron que el congelamiento de las remuneraciones les significó quedar fuera de “cualquier ajuste de corrección de sus rentas por la natural alza del costo de la vida” en 2016, materia discutida en el proyecto de Presupuesto de la Nación de cada año.

No obstante, para ambas asociaciones, el congelamiento no fue permanente. Aún así, dijeron considerar peligroso el hecho que no existan “parámetros objetivos para la fijación y exclusión de tales reajustes” y que estén sujetos a la contingencia política.

De esta manera, los magistrados dijeron considerar como “relevante” la decisión que tome el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a modo de detener “este tipo de conductas como claros indicios de debilitamiento de las garantías para los justiciables”.