La Comisión Nacional de Acreditación (CNA) pidió celeridad en la tramitación de la llamada «ley corta de acreditación» que, entre otros aspectos, considera extender el plazo de definición, aprobación, publicación y aplicación de los nuevos criterios y estándares de calidad para las instituciones de educación superior.
La ley de Educación Superior, que se promulgó en mayo de 2018 tras cerca de cuatro años de trabajo, establece que a partir de enero de 2020 la acreditación de todas las universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales es obligatoria y con criterios más exigentes, que deben ser revisados por los sectores productivos y expertos internacionales, y dos años más tarde se endurecerán los estándares.

Como los nuevos parámetros deben ser conocidos y asimilados por las instituciones -y el tiempo es acotado para eso-, el Consejo de Rectores y la Comisión Nacional de Acreditación pidieron que se modificara la norma.

Es por eso que, en enero pasado, el Ministerio de Educación ingresó al Congreso una ley corta para modificar los plazos en los que se deben presentar los nuevos criterios de acreditación, y cuándo hacerlos exigibles a las casas de estudios.

Según la iniciativa, que fue tramitada primero en la Cámara de Diputados, los criterios que tenían que estar publicados antes del 1 de enero de 2020 se postergan para el 30 de septiembre de ese año.

Sin embargo, a tres meses de que termine el 2019, el proyecto se encuentra en su segundo trámite constitucional (Senado) y aún no ha llegado a la Sala.

 

CNA: Deben saber la importancia de que esto se haga

Desde la CNA, su presidente, Hernán Burdiles, explicó que «hay un grupo de universidades a los que el próximo año vence su acreditación. Debiéramos aplicar, si no hay cambios en la ley, las mismas normas. Armar esas normas no es rápido y cometer errores en el diseño de esas normas es muy fácil».

«La ley corta lo que está diciendo es ‘den más plazo’ y, a su vez, es complejo el panorama. Es fundamental hacer ver a los parlamentarios y a las autoridades del Poder Ejecutivo las importancias de que esto se haga», añadió.

 

Senador RD pide urgencia

El pasado 23 de agosto la Comisión de Educación del Senado despachó la iniciativa. Uno de sus integrantes, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) advirtió que, de no poner urgencia al texto, otros proyectos «seguirán pasándole por el lado», consigna Cooperativa.

«Le planteamos al Ejecutivo que pudiera revisar los plazos, que en el fondo íbamos a estar muy encima con los plazos por la propia dinámica legislativa, no por falta de voluntad política, sino que en la Sala hay otros proyectos, compiten con otros proyectos y ahí depende de la urgencia. De ahí tiene que ir a la Cámara de Diputados y es lo mismo», señaló el legislador frenteamplista.