Eran las 7 de la tarde del pasado jueves 5 de septiembre cuando cerca de una treintena de personas se congregaron a un costado de la Catedral de Santiago. Algunos llevaban velas, en respuesta a una convocatoria que horas antes se había viralizado por redes sociales. ‘Una mujer dominicana falleció hoy 5 de septiembre de un infarto, mientras estaba detenida en la PDI (…) convocamos a una concentración para exigir responsabilidades’, decía un afiche que tuiteó el Observatorio Contra el Acoso Callejero.

Esa misma jornada se detuvo a 66 dominicanos que al día siguiente salieron del país en un vuelo Fach. Pese a que la denuncia se hizo vox populi entre organizaciones de migrantes, nadie quiso hacerse cargo de ella. Desde el ‘Ordenamiento de dominicanos en Chile’ señalaron que mantendrán silencio hasta que la familia decida lo contrario. En la PDI, sin embargo, aseguraron que la información es falsa. Entre las ONG existe preocupación, pues aseguran que se están vulnerando los derechos de los inmigrantes, en especial en las llamadas ‘expulsiones masivas’. Sin embargo, Mijail Bonito, asesor en migraciones de la Subsecretaría del Interior, asegura que ese concepto es erróneo.

‘No hay expulsiones masivas ni colectivas (…) Lo que se hace, por razones de eficiencia fiscal, es materializar expulsiones hacia un mismo destino en un solo medio de transporte y a varias personas a la vez’.

Bonito precisa que del total de expulsados este año (1.431 según Interior y 1.470 según la PDI), 385 retornaron vía vuelo Fach; el resto lo hizo en vuelos comerciales o vía terrestre. Pero el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha recibido otras denuncias que decidió poner en manos del Ministerio Público. Se trata de irregularidades en los procesos de detención para expulsión, investigación que está a cargo de la fiscal Ximena Chong, de la Fiscalía Regional Santiago Centro Norte, consigna La Segunda.

Las órdenes de expulsión son emitidas por el ministerio del Interior y ejecutadas por la PDI. Un protocolo emitido en marzo de 2013 por la Subsecretaría del Interior estipula que ‘encontrándose a firme el acto administrativo de expulsión y transcurrido el plazo de 24 horas, procederá ejecutarla’. A firme, explica Macarena Rodríguez, directora de la clínica jurídica de atención al migrante de Universidad Alberto Hurtado, quiere decir que no hay recursos en su contra o que transcurrió el plazo de 24 horas desde la notificación (basta que sea verbal) para interponerlos ante la Corte Suprema.

‘Obviamente nadie alcanza a interponerlo. Es un plazo casi imposible’, critica la abogada. Dice que han detectado malas prácticas. Por ejemplo, que la PDI cita a los extranjeros para notificarles su expulsión, sin entregarles copia. Con ese pretexto los convoca otro día, y al acudir son detenidos para ser expulsados. A otros, añade, los citan por whatsapp para ‘avanzar en su regularización’ —que algunos tramitan mientras reciben la notificación de expulsión— pero al asistir quedan privados de libertad para ser expulsados.

En el INDH admiten haber recibido denuncias de este tipo, antecedentes que entregaron al Ministerio Público. A partir de ello, se abrió una investigación por engaño en la citación a migrantes a través de llamados telefónicos y mensajes de whatsapp, cuando el objetivo real es ejecutar la expulsión.

Por otra parte, pese a que Mijail Bonito afirma que cuando se ejecutan las expulsiones ‘se verifica que no haya recursos administrativos ni judiciales interpuestos’, entre 2017 y 2019 el INDH ha presentado 30 recursos de amparo por inmigrantes que estando en proceso de regularización han sido expulsados; 19 de ellos terminaron con resultado favorable. Esto implica que queda sin efecto su prohibición de ingreso a Chile.

Bonito: ‘No queremos criminalizar la inmigración irregular’
El INDH agrega que sus sedes regionales han detectado un aumento en las expulsiones de inmigrantes ilegales que estaban en proceso de regularización. Lo mismo acusa Rodríguez: ‘Por primera vez en las últimas dos expulsiones (3 y 5 de septiembre, que involucraron a 132 extranjeros) estamos viendo un número significativo de personas que son expulsadas únicamente por haber ingresado al país por un paso no habilitado, lo que constituye un delito. Pero un delito tiene que ser comprobado judicialmente, lo que en estos casos no está ocurriendo’.

La consecuencia de eso, alerta, es que ‘no hay una posiblidad real de defensa… Las personas quedan retenidas para el cumplimento de esta medida administrativa sin que haya un control judicial de la detención ni de las condiciones de privación de libertad. No sabemos si los lugares cumplen con las condiciones’.

Mijail Bonito defiende que ‘si bien el ingreso clandestino constituye delito, lo que se busca es no criminalizar la migración irregular, por lo que el gobierno desiste de la denuncia penal’. Y acota que del total de expulsados este año 250 fueron por ingreso clandestino, causa que la PDI cifra en 288. La mayoría fueron dominicanos (152), cubanos (67), venezolanos (43) y colombianos (22). Este año, agregó la PDI, 431 extranjeros han sido expulsados vía administrativa.