A las 13:00 horas de ayer, el fiscal nacional Jorge Abbott requirió a sus pares de Brasil para que confirmen, a la brevedad, si se otorgó o no el beneficio de la delación compensada para el empresario y excontrolador de OAS, Léo Pinheiro, en el marco de la investigación penal en la que se busca determinar si los actos indagados en el caso Lava Jato también se dieron en Chile por medio de financiamiento político.
Y lo hizo a través de un requerimiento que materializó la Unidad de Colaboración y Extradiciones del Ministerio Público que está a la espera de esta declaración, cuyo envío se mantiene en suspenso mientras se define el beneficio para el empresario.
La decisión de Abbott, de insistir en la solicitud, surgió a primera hora de ayer tras enterarse de la declaración de Pinheiro, dada a conocer por el periódico local Folha de São Paulo, donde revelaron un aporte de $101,6 millones que OAS habría entregado para la campaña de la expresidenta Michelle Bachelet en 2013.

Habla de gestiones de Lula y Lagos
El diario brasileño detalló, además, que este financiamiento sería fruto de las gestiones realizadas por el exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
‘En Chile, OAS intentaba quedarse en el país en 2013, cuando ya había conseguido integrar un consorcio para la construcción de un puente en el sur. Según Léo Pinheiro, OAS temía perder el contrato con el cambio de gobierno, el año siguiente, y la situación fue explicada a Lula en una oportunidad en la que viajaba para dictar una charla. Michelle Bachelet, del Partido Socialista, asumiría en marzo de 2014’, menciona la nota publicada ayer.
Y agrega que, ‘de acuerdo con el relato (de Pinheiro), Lula dijo que conversó con el expresidente chileno Ricardo Lagos, también del PS, que habría garantizado que la constructora brasileña continuaría en la obra. El empresario dijo que, en seguida, Lula pidió dinero a la OAS para la campaña de Bachelet. Pinheiro dijo que determinó entonces el pago de 101,6 millones de pesos chilenos, el equivalente en la época de unos 400 mil reales, ‘en el interés de la campaña de Bachelet’. Ese valor, afirmó, fue pagado por medio de un contrato ficticio firmado con la empresa Martelli y Asociados, ya después de terminada la campaña’.

‘Establecer la efectividad de ese financiamiento’
Abbott advierte que esperan llegar al fondo de los hechos en nuestro país, y ‘establecer la efectividad de ese financiamiento y poder hacer los reproches penales que corresponden a las personas que, en definitiva, se vean involucradas en estos hechos, sean estas quienes fueren, porque nadie está sobre la ley’, consigna El Mercurio.
Y que la entrega de la declaración de Pinheiro depende de la delación compensada, pues ‘una vez que ese acuerdo tenga la aprobación respectiva se nos dará la información’.
La fiscal de alta complejidad centro norte, Ximena Chong, a cargo del caso OAS, dijo que ‘la información que ya se manejaba en el contexto de la investigación son facturas emitidas por una empresa de titularidad de Giorgio Martelli y de su sobrino, que habrían sido emitidas a OAS Chile, previo a suscripción de un contrato los primeros meses de asunción del segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. El contrato es por esa cifra’.

En 2018 se solicitó la copia del interrogatorio
Desde 2016 a la fecha, la Fiscalía Nacional ha enviado seis pedidos de asistencia a la Fiscalía de Brasil para obtener acceso a las declaraciones de imputados en el caso Odebrecht que pudiesen tener información relevante para la investigación del Ministerio Público en Chile.
El 18 de junio de 2018 se solicitó, por ejemplo, copia de diversas declaraciones de imputados brasileños, entre ellas, la de Léo Pinheiro. Dos meses después, Brasil acusó recibo y solicitó la firma de un acuerdo de compromiso de especialidad y limitación de uso de pruebas, para poder ejecutar el pedido. Para acceder a la información, la Fiscalía Nacional debía comprometerse a no perseguir en el país eventuales delitos cometidos en Chile por los imputados brasileños.
Entre esa fecha y mayo de 2019, las autoridades brasileñas y la fiscalía chilena intercambiaron distintas fórmulas para cumplir con la exigencia del acuerdo. Pero el 13 de mayo se firmó el acuerdo de compromiso entre ambas instituciones.
El 16 de agosto la Fiscalía de Brasil informó que la fuerza de trabajo de Lava Jato no encontró declaraciones de José Eduardo Cavalcanti de Mendonça (publicista conocido como ‘Duda’ Mendonça) que vincularan políticos o funcionarios chilenos.