El Ministerio Público investiga a una ex fiscal que se desempeñó en Copiapó, esto por delitos de sabotaje informático, falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación, los que según la indagatoria realizó en el ejercicio de labor.
Según los antecedentes de una querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado, la fiscal en 2015, estuvo a cargo de la Unidad de Tramitación de Causas Menos Complejas y en esa labor modificó la calificación jurídica de las carátulas de las causas, esto mediante la recalificación de delitos de robo a hurto o robo a daños entre otros. El objetivo era que llegaran al Archivo provisional de las causas. Con esto, se evitaba la revisión del fiscal regional de ese entonces, mejorando con ello el tiempo de tramitación.
El 4 de marzo de 2016, un particular interpuso en el Juzgado de Garantía una denuncia por falsificación de instrumento público, esto porque había sido víctima de un robo a su local comercial en el centro de Copiapó y se efectuó una recalificación de robo en lugar no habitado a daños.
Esto abrió una investigación penal donde se efectuó un levantamiento de datos por parte del fiscal regional de Coquimbo y en noviembre de 2017 el análisis de casos cuestionados, permitió determinar que revisado un universo de 472 carpetas en 435 no hubo mérito para la recalificación y solo en 33 resulta sostenible la decisión de recalificar, consigna El Diario de Atacama.
En el sumario interno de la Fiscalía Nacional, se investigaron 17 casos de recalificación de causas y fue sancionada por no desempeñar fielmente las funciones con la multa de 10% de su remuneración mensual por un mes.

Alteración de fecha
En 2017 comenzó otra investigación por falsificación de documentos de una investigación penal y obstrucción a la investigación.
El 6 de marzo de ese año se cerró una investigación que era dirigida por la fiscal en contra de un acusado por violación impropia, pero no contaba con la pericia sicológica de veracidad del relato de la víctima, lo que era clave.
Por ello, tres días después conversó con la perito y con la madre de la niña y gestionó la confección del informe. Es así como, según la querella el 16 del mismo mes, confeccionó la acusación de la causa y ofreció como prueba la declaración de la perito, la que todavía no existía y que fue incorporada el 29 de marzo cuando la recibió por correo electrónico.
Para que tuviera validez el informe pericial sicológico efectuado fuera del tiempo correspondiente, alteró la fecha de recepción del mismo, estampando con un timbre de cargo de recepción en cada una de las hojas del documento incorporado a la carpeta investigativa, la fecha «2 de marzo de 2017» , con esto se buscaba que se aparentar que había sido incorporado oportunamente a la causa. El 28 de junio de ese año, en una audiencia de preparación de juicio oral la defensa del imputado pidió la exclusión de la prueba pericial de la sicóloga, pero la fiscal instó que fuera aceptada como prueba a pesar que sabía que el documento estaba adulterado.
El tribunal remitió los antecedentes al Ministerio Público y se inició una investigación interna que generó su salida del organismo.
Producto de los antecedentes, la Fiscalía formalizó cargos en su contra el 26 de julio de este año. El Juzgado de Garantía decretó la medida cautelar de arraigo nacional y cuatro meses de investigación.