«La Ley Antidiscriminación se quedó corta». Con este eslogan de campaña, Amnistía Internacional Chile busca modificar la actual Ley Antidiscriminación, más conocida como la Ley Zamudio, ya que de acuerdo a las estadísticas del movimiento, dicho cuerpo legal «no ha servido para frenar los casos de discriminación». Así lo confirmó en Temuco la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, Ana Piquer Romo, quien recalcó que es un compromiso pendiente del Presidente Piñera.
«En el verano anunciaron que iban a realizar una consulta ciudadana para modificarla ley y luego dijeron que se haría en agosto, pero hasta aquí no hemos sabido nada», recalca Piquer.

DEMANDAS LEY 20.609
Desde que entró en vigencia la Ley 20.609 el año 2012, año en que fue asesinado el joven Daniel Zamudio a manos de un grupo de neonazis, se han presentado casi 400 demandas en todo el país (Ley de Transparencia), dictándose solo 100 sentencias definitivas. Al respecto, Piquer advierte que de esas 100 demandas, «no todas han sido acogidas. Hay solo cuatro sentencias por orientación sexual y dos por identidad de género: no hay más en los siete años de tramitación de la ley. Esto es muy llamativo porque la ley nace con la concepción de que era muy protectora para la diversidad sexual, pero, en definitiva, no ha tenido ese efecto».
De las 400 demandas nacionales, 17 fueron interpuestas en la Corte de Apelaciones de Temuco entre el 2014 y el 2019. A la fecha, según registros del Poder Judicial, de las 17 demandas hay 11 (ver recuadro) que tienen ingresos civiles en tribunales de primera instancia con sentencia definitiva, sin embargo, en la Región no hay registros de sentencia condenatoria en virtud de algún agravante estipulado en el artículo 12 del Código Penal.

¿POR QUE SE QUEDÓ CORTA?
Desde Amnistía internacional explican que la «Ley se quedó Corta» por cuatro razones fundamentales. La primera de ellas alude a la existencia de una «colisión de derechos».
«Hay que redefinir el concepto de discriminación, porque la ley habla de una discriminación arbitraria, lo que significa que hay ciertos derechos que son más importantes, entonces, la discriminación puede ser justificada. Esta jerarquía de derechos nos preocupa y no corresponde», argumenta Piquer y consigna El Diario de la Araucanía.
La segunda razón que ampara las modificaciones, según Piquer, tiene que ver con que «el estándar probatorio que exige la ley no es razonable, de hecho, es muy dificil de alcanzar, incluso la persona que demanda podría terminar teniendo una multa en su contra». Las otras dos razones buscan instalar medidas preventivas que estaban en el proyecto original, pero que no fueron incluidas, además de una institucionalidad propia.
«Luego de evaluar la vigencia de la ley, existe la necesidad de tener una institucionalidad especifica que vele por el cumplimiento de la ley, puede ser una subsecretaría o algún servicio, la otra opción es agregar facultades o recursos al lndh», puntualiza Piquer.