La Corte de Apelaciones de Concepción acogió hoy –viernes 13 de septiembre– el recurso de protección presentado por interna de la sección femenina del Centro de Cumplimiento Penitenciario Concepción, y ordenó a Hospital Guillermo Grant Benavente revisar y adecuar los protocolos de actuación para no repetir situaciones de violencia obstétrica.

En fallo unánime (causa rol 8.642-2019), la Tercera Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras Carola Rivas Vargas, Viviana Iza Miranda y el abogado (i) Carlos Céspedes Muñoz– acogió la acción judicial, tras establecer el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida al dar de alta a paciente a las pocas horas de parto de un embarazo complejo como «medida disciplinaria».

«Que, en cuanto al hecho de que los dependientes del hospital no administraron la anestesia requerida para calmar los dolores de las contracciones uterinas de la afectada, es del parecer de estos sentenciadores que tal omisión es arbitraria, por cuanto no se aprecian fundamentos ni razones que impidieran racionalmente aplicarla, atendidos los dolores y molestias que aquella sufría, máxime si la había pedido expresamente», sostiene el fallo.

La resolución agrega: «Que, en cuanto al hecho que se haya dado el alta apenas siete horas después del parto a doña Valentina Córdova Durán, tal circunstancia se aprecia también como arbitraria, máxime si la matrona del C.P. Concepción, doña María Teresa Inostroza Henríquez, en su informe de salud de 24 de junio de 2019 agregado con el informe del Director Regional (s) de Gendarmería de Chile, indica que el rango de hospitalización de las internas derivadas desde el Complejo Penitenciario al Hospital Guillermo Grant Benavente, en los últimos años, ha sido de 48, 72 o 96 horas post parto, con la sola excepción de la recurrente de estos autos».

«Que –continúa– tales actuaciones arbitrarias ciertamente han afectado la integridad física y psíquica de doña Valentina Córdova Durán, garantizadas en el artículo 19 Nº1 de la Constitución Política de la República, desde que experimentó un dolor y sufrimiento innecesario por no recibir la anestesia solicitada –evidenciando un supuesto típico de la denominada «violencia obstétrica– y porque, además, se vio expuesta a no contar con las atenciones post parto de rigor en virtud de un alta médica precipitada y caprichosa».

«Que, a juicio de estos sentenciadores el hecho de dar de alta a la afectada ‘como medida disciplinaria’ a escasas horas de haber dado a luz, constituye una arbitrariedad manifiesta que carece de todo sustento, aun cuando ello se deba a las agresiones verbales atribuidas a Valentina Córdova, pues la salud de las personas está por sobre cualquier medida correctiva o sancionatoria. Asimismo, tal actuación se presenta como un acto discriminatorio en razón de ser una interna de un centro penitenciario privada de libertad, ya que no parece probable que fuese aplicable tal ‘medida disciplinaria’ a una mujer que no estuviere en tal condición carcelaria; discriminación que comenzó desde el momento mismo de registrar sus datos en la ficha clínica y que se materializó consignando su ‘falta de colaboración’ en la misma, desconociendo el estado de vulnerabilidad en que se encontraba, atendido que padecía un trastorno bipolar agresivo y que se encontraba en pleno proceso de parto».

Por tanto, concluye que: «SE ACOGE, sin costas, el deducido en favor de Valentina Constanza Córdova Durán en contra del Hospital Guillermo Grant Benavente y, para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la afectada, se decretan las siguientes medidas:

I.- El Hospital Guillermo Grant Benavente deberá revisar y adecuar sus protocolos de actuación, conforme a la normativa internacional suscrita por Chile, en materia de atención a mujeres privadas de libertad, embarazadas y/o con hijos lactantes, debiendo informar las medidas adoptadas dentro de un plazo no superior a treinta días.

II.- El Hospital Guillermo Grant Benavente deberá remitir copia de los resultados del sumario administrativo que inició el 17 de mayo del presente año con motivo de estos hechos, dentro de un plazo no superior a treinta días».