La Corte Suprema acogió recurso de protección y ordenó al alcalde de San Pedro de Atacama materializar el acuerdo de los concejales de la comuna que dispuso la destitución del administrador municipal.
En fallo dividido (causa rol 5.434-2019), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Arturo Prado, Ángela Vivanco y el abogado (i) Rafael Gómez– estableció el actuar arbitrario del edil al no firmar la destitución del administrador municipal, medida aprobada con el quorum previsto por ley.
«Que como se advierte de los diversos antecedentes mencionados hasta aquí, y como además surge del propio tenor de la norma que regula el asunto de que se trata, la designación del Administrador Municipal depende exclusivamente del Alcalde respectivo, en tanto que su remoción puede ser decidida tanto por aquel que lo nombró como por ‘acuerdo de los dos tercios de los concejales en ejercicio’, alusión esta última que debe entenderse en el contexto de la propia Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que en su artículo 72 precisa que el Concejo está formado por ‘concejales’ y no por el Alcalde; que en su artículo 63 aclara que el Alcalde está facultado para presidir el Concejo, con derecho a voto, lo que denota, más allá de toda duda, que carece de la calidad de Concejal, pues de lo contrario sería innecesario reconocer expresamente su derecho a votar en él; y, por último, que en la historia fidedigna del establecimiento de la Ley N° 19.737, que la modificó en sus artículos 57 y 63 letra m), se indica explícitamente que se integrará al Concejo ‘el propio alcalde en su calidad de tal’, esto es, sin ser Concejal», razona el fallo.
Resolución que agrega: «Se une a todo lo anterior el hecho que la voluntad del Alcalde considerada de forma autónoma respecto de la remoción del Administrador Municipal, se encuentra contemplada por el legislador quien para adoptar esta determinación podrá, por sí solo disponerla y, en caso contrario la desestimará, pero no resulta adecuado y pertinente que participe en el segundo órgano que puede adoptar tal determinación, puesto que solamente estará afectando el quórum necesario para acordar esta medida, al elevar la cantidad de votos requeridos con tal fin. Este criterio ha sido sustentado por esta Corte en los autos Rol N°22023-18».
«(…) conforme lo expuesto –continúa–, y a lo decidido por esta Corte sobre la materia resulta que el actuar del Alcalde constituye un acto ilegal y arbitrario constituido por la omisión de dictar el Decreto Alcaldicio correspondiente a la materialización del acuerdo del Concejo Municipal adoptado el día 7 de diciembre pasado, toda vez, que en la votación de dicho acuerdo se alcanzó la mayoría que la ley establece, habida consideración que él no pudo formar parte del quórum (CS Rol N° 22023-18). Dicha actuación vulnera la garantía de igualdad ante la ley, consagrada en el N°2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, pues discrimina a los recurrentes en el ejercicio de su labor de Concejales en los términos que las disposiciones legales antes reseñadas la consagran».
Por tanto, concluye que: «se revoca la sentencia apelada de once de febrero del año en curso y, en su lugar, se declara que se acoge el recurso de protección interpuesto por doña María Teresa Véliz Guerra, doña Marcela Ramos Colque, don Nazario Tito Condori y don Manuel Cortés Mora y, en consecuencia, se ordena que el Alcalde de la Municipalidad de San Pedro de Atacama dicte, en el plazo de 5 días contado desde que este fallo le sea notificado, el Decreto Alcaldicio que materialice el acuerdo del Concejo Municipal de 7 de diciembre de 2018, ordenando la remoción de la Administradora Municipal».
Decisión adoptada con los votos en contra de la ministra Vivanco y el abogado integrante Gómez.