Con el objetivo de evidenciar ‘una preocupación respecto a hechos que vulneran las disposiciones constitucionales vigentes’, el Gobierno desarrolló un informe en el que da cuenta de que serían 17 los proyectos de ley actualmente en tramitación —once en la Cámara de Diputados, cinco en el Senado y la Ley de Presupuestos—, en los cuales se han aprobado indicaciones ‘abiertamente inadmisibles’ por, según señala el texto, vulnerar las normas de iniciativa exclusiva del Presidente de la República por parte de parlamentarios.
El documento —al cual tuvo acceso ‘El Mercurio’— acusa que durante el último tiempo este principio no ha sido respetado y se han declarado admisibles por votación indicaciones que contravienen las facultades del Congreso y que son de exclusiva atribución del mandatario. Por tanto, ‘ha devenido que a través de las mayorías políticas circunstanciales se han presentado proyectos o aprobado indicaciones inconstitucionales en ambas corporaciones’.
En las últimas semanas, La Moneda ha estado estudiando la posibilidad de presentar un requerimiento ante el TC por el proyecto impulsado por el Partido Comunista que busca rebajar la jornada laboral a 40 horas semanales.
De hecho, ayer, en entrevista con este medio, el abogado constitucionalista a cargo de representar la posición del Gobierno en esta materia, Gastón Gómez, afirmó que se estaría evaluando enviar un ‘paquete’ de varios proyectos al TC, que incluiría el de reducción de jornada laboral.
Cabe destacar que el estudio analiza tanto proyectos de iniciados en mensaje del Presidente de la República, en los cuales parlamentarios han desarrollado una indicación inconstitucional, como proyectos de ley iniciados en moción parlamentaria ‘derechamente inconstitucionales en todo o parte de la iniciativa’.
En los proyectos identificados, La Moneda acusa que ‘o se han incorporado indicaciones que importan un mayor gasto fiscal, o se han determinado nuevas funciones o atribuciones para organismos públicos, o se ha pedido votar separadamente partes de ciertas normas, lo que ha significado a la larga un efecto inconstitucional’.

Algunos puntos cuestionados
Entre los proyectos con indicaciones cuestionadas por La Moneda (ver recuadro) está la Ley de Presupuestos correspondiente al 2019.
En dicho texto, el Ejecutivo acusa que diputados de oposición presentaron indicaciones para incluir dos glosas en la partida del Ministerio de Educación respecto al uso de recursos del Fondo Solidario, y además se solicita omitir la cifra asignada al monto mínimo para gastos reservados en el capítulo de Carabineros de Chile, dentro de la partida del Ministerio del Interior.
‘En vista a que las modificaciones propuestas se aprobaron por mayoría en la sala de la Cámara de Diputados, diputados de Chile Vamos presentaron un requerimiento al Tribunal Constitucional para que declare inconstitucionales las glosas mencionadas, así como la eliminación de los montos señalados’, cita el documento, en el que además se detalla el fallo del TC, el cual acoge el requerimiento y declara la inconstitucionalidad.
Otro caso expuesto es el del proyecto de ley sobre muerte digna y cuidados paliativos, el cual, según afirma el informe del Gobierno, durante su discusión particular se aprobó una indicación de los diputados Vlado Mirosevic (PL) y Víctor Torres (DC), la cual señala que los documentos de voluntad anticipada deberán ser registrados e incorporados en el Registro Nacional de Testamentos, pudiendo ser reiterados, revocados o adaptados en cualquier momento.
Sin embargo, el diputado Jaime Bellolio (UDI) acusó inconstitucionalidad en esta indicación, ya que ‘otorga atribuciones al Registro Civil, y esto es de atribución exclusiva del Presidente de la República’.
El proyecto de reducción de jornada laboral a 40 horas también es uno de los mencionados, junto con el que busca declarar la nulidad de la Ley de Pesca.
En esta última, diputados de oposición buscaron por vía legislativa ‘anular insanablemente’ la citada Ley de Pesca, cuestión que el Ejecutivo apunta como ‘claramente inconstitucional por atribuirle al Poder Legislativo una facultad jurisdiccional’.
Todos los proyectos en los que el Gobierno acusa indicaciones inadmisibles se encuentran en tramitación.

Fuente: El Mercurio