Luego de que la comisión de Trabajo votara a favor del proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas, el Gobierno comenzó a idear su estrategia para analizar la posibilidad de introducir un requerimiento al Tribunal Constitucional (TC).
El hombre a cargo de esta tarea será Gastón Gómez, abogado constitucionalista, quien explica que ‘el proyecto se va a llevar al TC en la medida que el Presidente decida que esa es la opción definitiva. Él es el que tiene que firmarlo y, por consiguiente, él en su oportunidad determinará si efectivamente va al tribunal o no’.

—¿Cuándo surge la idea de impugnar el proyecto de las diputadas Camila Vallejo y Karol Cariola?
—El Presidente ha tenido siempre una enorme preocupación e interés por el curso que los distintos proyectos de ley se van desarrollando en la Cámara.
En esa preocupación, naturalmente, este proyecto tiene un rol muy relevante, porque afecta de manera muy decisiva e importante la iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

—Ha trascendido que el mandatario podría requerir ante el TC no solo este proyecto de ley, sino también en otros casos. ¿Es efectivo?
—La preocupación del Presidente es por el curso de varios proyectos de ley, que inciden sobre la vida económica, social, previsional del país, es muy importante. En muchos de ellos hay actuaciones que el Presidente estima inconstitucionales.
Varios son proyectos de ley que están en carpeta; nosotros estimamos que el proyecto de las 40 horas es uno más de esos proyectos. Pero, hay otros: la tutela laboral, la reforma previsional, la nulidad de la Ley de Pesca, y así otros muchos.
El Presidente nos ha pedido a todos, y en particular a mí, una revisión global de todos esos proyectos de ley que tienen esas implicancias. Estamos estudiando esos proyectos de ley; muy probablemente estará la intención de recurrir también respecto de ellos.

—¿La crítica del Presidente va al fondo o la forma de los proyectos?
—No se puede hacer una separación tajante entre forma y fondo. No consiste solo en la forma la preocupación del Presidente, él lo ha dicho por su propia cuenta, el proyecto no es un buen proyecto para el país.
Pero, no es solamente un problema de forma, se trata de dos artículos, de una materia extraordinariamente compleja donde no ha habido debate ciudadano, no se han invitado a los actores más relevantes a opinar, y se ha actuado de una manera distinta históricamente de cómo ha actuado el Parlamento en estas materias.

—El mandatario le manifestó a los presidentes de ambas cámaras del Congreso que ya son varios los precedentes en que se están afectando sus prerrogativas constitucionales por parte de parlamentarios. ¿Hay a su juicio una práctica extendida al respecto?
—Soy muy respetuoso de las facultades del Congreso y del trabajo de los parlamentarios. No podría afirmar bajo ningún concepto que es una práctica extendida. Hay signos preocupantes que hasta hace un tiempo no existían. Hay algunos parlamentarios que están actuando saltándose las iniciativas y facultades exclusivas del Presidente de la República. Esto no había acontecido hasta ahora, en general, independiente si un sector era gobierno u oposición, ciertas reglas del Estado de Derecho y de la Constitución se respetaban religiosamente.
Si se fijan, el proyecto de 40 horas fue declarado inadmisible por el presidente de la Cámara y, luego, el siguiente presidente de la Cámara declaró lo mismo. Después, el secretario de la comisión de Trabajo (actual) también lo declaró inadmisible, y así sucesivamente.
El punto de fondo es que todos esos proyectos reúnen la misma característica: invaden la iniciativa exclusiva del Presidente.

—¿Por qué se decide ir ahora al TC y no antes?
—Porque el proyecto de las 40 horas ha adquirido un trámite vertiginoso, hasta el punto que no se ha invitado a ninguna organización a dar su opinión seriamente.

—¿Cuándo interpondrán el requerimiento? Desde Chile Vamos pidieron ir al TC a más tardar mañana.
—Respeto la opinión de los parlamentarios en esta materia, pero los tiempos judiciales no siempre son los tiempos de la política. Por cierto, hay mucha presión para introducir un requerimiento lo antes posible. Pero, cuando el asunto esté técnicamente correcto de ser despachado al TC, será enviado y no antes.

—¿Es posible que se ingrese antes del 18 de septiembre?
—El 18 es un buen momento para festejar y celebrar, no para iniciar acciones judiciales.

—¿Requiere que se apruebe íntegramente en ambas cámaras el proyecto de ley?
—Cuando el proyecto esté cristalizado políticamente recurriremos contra él mismo. Probablemente eso tendrá que ser después de la aprobación de alguna de las cámaras. Pero no hay nada definitivo en eso.

—Existe también la duda de quién llevará el caso al TC. ¿Será el Presidente o Chile Vamos? ¿La coalición y el Gobierno en conjunto?
—No ha sido nunca discutido. El Presidente es quien, como jefe de Estado, es responsable de estos procesos.

—El exdiputado Osvaldo Andrade (PS) recordó que él, cuando fue presidente de la Cámara de Diputados, declaró inadmisible por inconstitucional el proyecto. ¿Qué valor podría asignarle el TC a esta declaración?
—Las opiniones que se han vertido por Osvaldo Andrade, Fidel Espinoza, Andrés Zaldívar, Mario Marcel, bajo el criterio de que es necesario ser prudentes porque estamos frente a un tema crucial para el país, nos estimulan, nos apoyan y agradecemos esas opiniones.
Creemos que tenemos sólidos fundamentos constitucionales para lo que estamos haciendo, eso nos da la autonomía suficiente y la fuerza para ir al TC cuando sea oportuno.

—El que el proyecto no haya pasado por la comisión de Hacienda, ¿fortalece la posición de las diputadas Vallejo y Cariola?
—Hay un informe de Dipres acompañado a la tramitación en la comisión de Trabajo donde se dice que esto provoca un gasto fiscal cercano a los 2.400 millones de dólares. Eso por sí solo debiera haber gatillado el envío del proyecto a la comisión de Hacienda. Lamentablemente, esto se aprobó sin enviarla a esa comisión.
Los informes de Dipres, en general, han sido sólidamente acogidos por todo el Gobierno y por los parlamentos. Que a este no se le haya prestado oído, nos parece que es un elemento que demuestra que ha habido un deliberado propósito de no escuchar las consecuencias económicas que este proyecto tiene.
Cuando la oficina que maneja el presupuesto en Chile nos dice que esto es dañino y que una mayoría no lo tome en cuenta, parece un asunto extraordinariamente preocupante.

—¿Cree usted que se está politizando el Tribunal Constitucional?
—No, no creo. Yo creo que aquí hay que despejar ciertas nubes que hay planteadas. En general, el TC falla conforme a sus criterios, los ministros que están allí argumentan y dan razones.
La política, en general, es sin razones. Los fallos del TC uno podrá estar de acuerdo u objetarlos, pero los fallos están generalmente basados en razones. Algunas personas consideran que esto es político, porque alguno de sus ministros ha tenido tal o cual posición en su vida como ciudadano. Pero olvidan que hay muchos fallos del tribunal en que los ministros, que uno diría son de un sector, fallan de otra manera, y así sucesivamente.
No hay que dejarse encantar por esa crítica fácil. Yo creo que el TC es serio y va a fallar esto con seriedad y argumentos.

Fuente: El Mercurio