Teresa Gaete
Durante abril del 2017 se decretó la prisión preventiva para quien era por entonces la fiscal de San Fernando, Teresa Gaete, quien habría falsificado declaraciones en una investigación que lideraba y que tenía relación con abusos sexuales. Al menos tres testigos que ella había presentado negaron haber emitido dichas declaraciones. Fue formalizada por el delito de falsificación de instrumento de uso público.
La fiscal quedó en evidencia durante la audiencia de preparación del juicio oral, momento en que el principal sospechoso increpó a los supuestos testigos, quienes terminaron admitiendo que no declararon en la causa.
El fiscal Sergio Pérez investigó la denuncia contra la persecutora, a quien la alejaron de sus funciones mientras duraba la investigación. En febrero del 2018 el fiscal Pérez entregó el sumario administrativo, confirmando la acusación de falsificación de pruebas, proponiendo la remoción del cargo a Teresa Gaete, quien a fines de ese año fue expulsada del Ministerio Público y formalizada, quedando en prisión preventiva.
Posteriormente, la Corte de Apelaciones de Rancagua decidió dejar a la ex fiscal con las cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a cualquier oficina del Ministerio Público.
Por último, el Juzgado de Garantía de San Fernando informó que mantiene vigente el arresto domiciliario nocturno para la ex fiscal.

Emiliano Arias
El suspendido fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, deberá enfrentar próximamente cargos por violación de secreto y delitos informáticos, hechos ocurridos en 2018 y 2019, según se indicó en la acusación ingresada por el fiscal Eugenio Campos.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) comenzó a participar en las acusaciones contra Emiliano Arias por medio de una querella donde se sostiene que el acusado habría ordenado el ingreso de subalternas al sistema informático interno del Ministerio Público, con el fin de averiguar sobre investigaciones penales relacionadas a un infractor de la Ley de Drogas.
Según confirmó la investigación, Arias habría enviado la información a su hermana, debido a que ella tenía intenciones de denunciar a un supuesto traficante que habría tenido ciertos vínculos con su hijo, el sobrino de Emiliano Arias.
La audiencia de formalización de cargos en contra del suspendido fiscal regional de O’Higgins fue recientemente reagendada para el 27 de septiembre.
Peo Arias se defiende de quienes lo acusan y presentó un recurso de protección en contra del fiscal nacional Jorge Abbott y contra Alberto Ayala, fiscal regional de Antofagasta; y Xavier Armendáriz, fiscal regional Metropolitano Centro Norte.
En el libelo pide que se revoque la suspensión de su cargo, luego que su otrora subalterno, Sergio Moya, realizara las mencionadas denuncias en su contra.
Además, el suspendido fiscal regional plantea sus aprehensiones al sumario administrativo que se lleva en su contra, particularmente por el tiempo que ha transcurrido.

Sergio Moya
El suspendido fiscal de Alta Complejidad Sergio Moya enfrenta actualmente tres investigaciones administrativas en su contra. La primera de ellas está relacionada con las reuniones que tuvo con parte del alto mando de Carabineros en medio de la ‘Operación Huracán’. El sumario fue abierto en marzo por el persecutor Emiliano Arias, a petición del fiscal nacional Jorge Abbott, y lo instruye el fiscal adjunto jefe de Pichilemu, Rodrigo Troncoso.
La segunda se abrió durante el mes de abril, después de que denunciara posibles faltas al principio de probidad al hacer pública por la prensa la denuncia que hizo en su contra.
Además, está siendo investigado por las eventuales irregularidades que habría cometido el persecutor en la cadena de custodia relacionada al caso de los tres jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua, acusados de irregularidades relacionadas con falta a la probidad.
El suspendido fiscal de Rancagua generó un verdadero terremoto en el poder judicial tras la acusación que hizo, durante el pasado mes de abril, contra su superior jerárquico, el también suspendido persecutor Emiliano Arias.
Durante el mes de junio, el fiscal nacional Jorge Abbott confirmó la suspensión de su cargo de Sergio Moya como fiscal jefe de Alta Complejidad en Rancagua, esto mientras no finalice la investigación administrativa en su contra, a lo que se suma que desde comienzos de agosto se han ordenado nuevas pesquisas a los celulares incautados durante el allanamiento.

Marcelo Vásquez
El removido juez de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Vásquez, fue investigado por la ministra de la Corte Suprema, Rosa María Maggi, por haber dictado una resolución en la que se nombró a su hija como consejera técnica suplente en un tribunal de la jurisdicción. También se le acusa de haber dado consejo a un imputado sometido a la medida cautelar de arresto domiciliario y por haber procedido, siendo presidente de la Corte de Rancagua, a instalar una sala que no estaba de acuerdo al sorteo.
Tras la audiencia donde la defensa de los magistrados presentaron sus argumentos ante la apertura del cuaderno de remoción, la salida de Vásquez del poder judicial se definió por 11 votos a favor y siete en contra.
Desde el año 2004 se desempeñó como juez de Garantía en Rancagua; y además fue relator en las Cortes de Apelaciones de Valdivia, Chillán, Talca y la capital de O’Higgins.
En marzo de 2015 asumió como ministro de la Corte de Apelaciones de Valdivia, cargo que ejerció hasta su nombramiento en la Corte de Rancagua.
El agosto pasado, se informó que la Fiscalía Regional Metropolitana Sur decidió formalizarlo por los delitos de tráfico de influencias, incremento patrimonial injustificado y negociación incompatible.
Para el 4 de octubre a las 9:00 de la mañana quedó fijada la audiencia contra el ahora exministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua.

Emilio Elgueta
El ex juez del tribunal de alzada rancagüino, Emilio Elgueta, fue investigado también por la ministra Rosa María Maggi por haber intervenido en la tramitación y fallo de un recurso de protección, haberse comunicado con abogados respecto de la tramitación de procesos, solicitado al fiscal regional de O’Higgins la designación de personas en la institución, haber exigido la designación de una exalumna en un tribunal y requerido y aceptado una suma de dinero.
Entre otras acciones el juez Elgueta presentó, sin éxito, un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para que se paralizara todo el proceso de expulsión. Sin embargo, la Corte Suprema determinó removerlo de sus funciones, tal como a su par Marcelo Vásquez. La votación final que determinó esta resolución, en el caso del ministro Elgueta fue unánime.
Además, el suspendido juez de la Corte de Apelaciones de Rancagua fue reformalizado el pasado 19 de julio por los delitos de prevaricación, enriquecimiento ilícito y nombramiento ilegal.

Marcelo Albornoz
El fallecido ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Albornoz era investigado por una conversación telefónica con el doctor Luis Arenas, en momentos que el último se encontraba incumpliendo la cautelar de prisión preventiva.
Un día antes que el magistrado tomara la decisión de quitarse la vida, el pleno de la Corte Suprema había anunciado el inicio de la remoción, tanto de Albornoz como de Marcelo Vásquez y Emilio Elgueta, jueces acusados de tráfico de influencias y faltas a la probidad, mientras se desempeñaron en la Corte de Apelaciones de Rancagua.
El cadáver, según las declaraciones de la Fiscalía, fue hallado por la cónyuge del magistrado en la habitación matrimonial, en su vivienda de calle Bombero Villalobos. Su deceso ocurrió el 3 de julio en horas de la mañana, cuando la esposa y los hijos no estaban en casa.
De acuerdo a la información suministrada por la fiscal Yenny Muñoz, el informe preliminar de autopsia ratificó la tesis del suicidio, quedando descartada la intervención de un tercero en la muerte de Albornoz.
Sin embargo, a pocos días de ocurrido su fallecimiento, la Corte Suprema dictaminó el sobreseimiento del ministro Marcelo Albornoz. ‘Por haber tomado conocimiento del fallecimiento de don Marcelo Albornoz Troncoso, ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, agréguese a estos antecedentes su certificado de defunción y, con su mérito, se sobresee esta investigación a su respecto’, indica uno de los documentos de la Corte Suprema.

Fuente: El Tipógrado