El caso del juez Gonzalo Figueroa Edwards, quien fue detenido portando 4,3 gramos de cocaína en Conchalí, despertó la preocupación en el Poder Judicial y en la Fiscalía Nacional, entidades que asumirán investigaciones por carriles distintos para determinar el alcance de la causa. Fue el lunes 12 de agosto que el magistrado del Primer Juzgado de Garantía de Santiago fue detenido por efectivos del OS-7 de Carabineros, luego de vigilar una casa que funcionaba como punto de venta de drogas, en la población 16 de Abril.
El juez quedó sujeto a una multa, la cual le fue suspendida dada su irreprochable conducta anterior, y la Corte de Apelaciones de Santiago abrió un sumario en su contra. El fiscal nacional, Jorge Abbott, señaló ayer que, dada la gravedad del tema, se tomaron algunas medidas: ‘Instruí a la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas de la Fiscalía Nacional que recabe los antecedentes, porque no es normal que un magistrado esté portando droga, aun cuando sea para su consumo. Eso amerita una mayor explicación de los fiscales a cargo’, consigna La Tercera.
El caso hoy está radicado en la Fiscalía Centro Norte y, según explicaron fuentes del caso, el magistrado ya declaró, entregando algunas luces señalando desde cuándo consumía, quién le proporcionaba la droga e identificó a una persona con su ‘chapa’. Sin embargo, aún no se han decretado medidas instrusivas sobre la casa que funcionaba como punto de venta. Por ahora no se han decretado diligencias para saber los supuestos vínculos del juez con personas que venden droga, o si estos pasaron alguna vez por su tribunal.
Es por ello que el fiscal Abbott ordenó que los antecedentes de la causa pasaran a la unidad de drogas a cargo del exfiscal Luis Toledo. En esa unidad se analizarán los antecedentes que tiene la Fiscalía Centro Norte para determinar qué pasos seguir en la indagatoria. Actualmente, según cifras del Poder Judicial, son 13 mil los funcionarios que son sometidos a controles de drogas de manera aleatoria. Desde 2008, 54 han dado resultado positivo. El procedimiento de control de consumo de drogas se realiza en el Poder Judicial y Corporación Administrativa se hace todos los años y se inicia en el mes de enero, con la selección de una muestra de funcionarios, que sortea en forma reservada la Corte Suprema en base a sistema computacional aleatorio.