«El Estado no estaría en condiciones de brindar a dos personas condenadas en distintas regiones por el mismo delito y por los mismos años, condiciones similares de ejecución de sus condenas».

Esa es una de las conclusiones a las que arribó una investigación realizada en base a las 334 actas de visitas a cárceles realizadas por la Fiscalía Judicial entre 2013 y 2017, y la cual se dará a conocer por el Poder Judicial durante esta tarde. Otra, es que en Chile hay penales que no alcanzan «estándar mínimo de dignidad».

El estudio analiza la evolución de la realidad carcelaria en dicho periodo, sosteniendo que, a grandes rasgos y contemplando los aspectos de seguridad, orden e higiene, la cantidad de recintos evaluados como «buenos» superan el 60%, los catalogados como regular rondan en un 30% y los «malos» en un 10%.

Se constatan distintas situaciones, como que cerca del 13% de los baños analizados no solo están en malas condiciones, sino que la situación es tal que se pone «en peligro la salud de los privados de libertad». De todos modos se advierte que, a través de los años, cerca del 60% de las celdas se han mantenido en buen estado.

Así también, se revela una leve baja en la cantidad de celdas de aislamiento. Y es que el número de cárceles sin este tipo de espacios era de un 35% en 2013; pasando a 38% en 2015, y más de un 40% en 2017. «Esto puede deberse, según como consta en algunas actas, a que ese tipo de castigo ha estado siendo remplazado por otros tipos de sanciones y la necesidad de utilizar dichos espacios para otros usos, como por ejemplo venusterio (visitas de parejas)», se explica.

 

Datos por penal

El análisis realizado por dos profesores y dos egresados de la U. de Chile -y suscrito a un convenio entre dicha casa de estudios y el Poder Judicial- detalla la situación por penal y regiones.

Así, por ejemplo, se mencionan problemas en los lugares donde se emplazaron algunas construcciones como el Centros de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Chañaral, con peligro de tsunami, mientras que el Complejo Penitenciario (CP) de Valparaíso está en un lugar de niebla espesa. Las críticas por baños en mal estado, en tanto, recaen en el CP de Arica, Valparaíso y Santa Cruz, al igual que en los CCP de Chañaral, Los Andes, Copiapó, Colina 2, Rengo, Linares, entre otros.

Por otro lado, en 15 lugares -como en los CP de Valparaíso y Santa Cruz, además de los CPP de San Antonio, Curicó, Talca y Victoria- se registró la falta de espacios, ya sea para comedor, servicios religiosos, baños y recibir visitas.

Mientras que las dificultades con el sistema eléctrico se concentraron en los CCP Chañaral y Curicó; los Centros de Detención Preventiva (CDP) de Vallenar, Ovalle, Arauco, Mulchén y Puero Natales; el CP de Valparaíso; y la Sección Femenina Los Ángeles. También se revisaron problemas en los servicios vinculados con el acceso al agua fría y caliente, cantidad de comida, acceso a la salud, principalmente médicos a lo largo de todo el país.

En Santiago al menos uno de estos se dio en el CCP Colina 2, en los Centros Penitenciarios Femeninos (CPF) San Joaquín y de Santiago, y el CDP Santiago Sur. Las plagas de ratones o insectos se dieron en CP Arica; los CDP Santiago Sur y Quirihue; mientras que el hacinamiento en centros de Arica, Tocopilla, Antofagasta, Calama, Chañaral; Vallenar; Copiapó; Ovalle; Limache; Valparaíso; San Antonio, Los Andes, San Felipe, Santiago, Temuco, Talca, Mulchén, y otros.

En este caso, precisa el informe, los porcentajes varían. Por ejemplo, en Limache la sobreocupación supera el 200%, mientras que en La Ligua Sur es de un 5% y que, como se explica en las actas, «no afecta el normal funcionamiento del centro». Los casos siguen: huelgas de hambres, sanciones disciplinarias que no se notifican (Valparaíso) y que se imponen sin esperar el pronunciamiento del tribunal respectivo (Rancagua y Curicó), celdas de aislamiento que no cumplen condiciones mínimas o que son utilizadas para otros fines.

Le sigue violencia entre internos y con funcionarios, además de funcionarios a visitas con controles en extremo intrusivos con niños y mujeres (Puente Alto); y excesivas horas de encierro que podrían «ser problemáticas» (Linares y Talca).

 

Cinco regiones con recintos críticos
De acuerdo a la indagatoria, «recinto crítico» es la denominación que los fiscales dan a una cárcel «que no puede cumplir mínimamente con sus funciones».

Las causas que le otorgan esta calidad a los centros son diversas, y en algunos casos se presentan de manera conjunta. Se habla en las actas, por ejemplo, de abandono estructural, hacinamiento extremo, violencia y antigüedad del recinto.

Las regiones que poseen este tipo de lugares son las de Atacama -CCP Copiapó, cuyo problema central se focalizaría en el hacinamiento y violencia entre internos-; de Valparaíso -CDP San Felipe por su antigüedad y CP Valparaíso por problemas de hacinamiento, violencia entre los internos y entre los funcionarios y los internos-.

Así también la Metropolitana -CCP Colina 2 y CDP Santiago Sur, ambos por problemas de abandono estructural-; del Maule -CCP Talca por hacinamiento-; y del General Carlos Ibáñez del Campo -CCP Coyhaique por antigüedad-.

 

Conclusiones

A modo de conclusión, se señala la existencia de «una marcada diferencia entre regiones e incluso entre ciudades de una misma región, dando cuenta de la desigualdad que existe en la ejecución de la sanción penal en el país».

«Según estos resultados el Estado no estaría en condiciones de brindar a dos personas condenadas en distintas regiones por el mismo delito y por los mismos años, condiciones similares de ejecución de sus condenas», recalca el estudio.

Se considera además que, de acuerdo a las actas, el panorama global «no sería tan extremo», «lo que permitiría matizar los estudios de condiciones carcelarias realizados que dan cuenta de un estado global en extremo deficiente».

Sin embargo, y sobre la misma línea, se enfatiza: «Las cárceles que son reportadas con problemas graves o con situaciones ‘malas’ realmente están muy lejos de acercarse a siquiera un estándar mínimo de dignidad o decencia, en el ámbito estudiado».

Se destaca el «esfuerzo por reducir la celda de aislamiento como sanción disciplinaria», aunque considerando que estos espacios han sido también destinados a otros usos. También se aprecia el ejercicio de la Fiscalía Judicial, asegurando que «su labor ha sido notable, de forma independiente y permanente en el tiempo a pesar de las dificultades de transparencia y acceso y de las modificaciones legales sufridas por la Fiscalía y el sistema de justicia en distintas épocas», consignando que las visitas «son consistentes con los resultados de otros estudios».

«Para nosotros esto es muy importante, porque el trabajo que hacemos es de recopilación de antecedentes y ponerlos en disposición de las autoridades para poder remediar y ayudar de alguna manera a la mejoría de trato de las personas que están privadas de libertad», sostuvo la fiscal judicial de la Corte Suprema, Lya Cabello.

La abogada indicó además que en los últimos dos años se han hecho avances, «pero hay situaciones que no se pueden solucionar de un día para otro, ni tampoco son responsabilidad de los recintos carcelarios». «Esto tiene que ver también qué fin le damos como Estado a la sanción penal.

Si seguimos pensando que la sanción penal solo es recluir en cárceles es imposible que los sistemas penitenciarios den abasto, ni ahora ni en el futuro. Si llenamos las cárceles no podemos reinsertar adecuadamente y dar el trato que necesitamos», concluyó.

Fuente: Emol