El 13 de junio de 2013 se revocó la sentencia condenatoria por el delito de cohecho contra el ex fiscal metropolitano Oriente Pablo Larredonda.
Se le atribuía solicitar información del listado de causas SAF (Sistema de Apoyos a Fiscales) de dos personas a un funcionario administrativo del Ministerio Público, supuestamente ofreciendo dinero por ello.
El pronunciamiento de la Corte Suprema en relación con estos hechos es parte de los argumentos que la defensa del suspendido fiscal de O’Higgins, Emiliano Arias, usará para desacreditar los cargos que su par de Magallanes, Eugenio Campos, le imputará el próximo mes.
Se trata de los ilícitos de violación de secreto y delito informático respecto de un documento que Arias obtuvo del Sistema de Apoyo a la Operación (SAO) y que fue utilizado por su hermana para hacer una denuncia contra su propio hijo en una causa por microtráfico.
La defensa del jefe regional busca sostener que lejos de capitalizar la información a su beneficio, se utilizó para dejarla a disposición de la justicia.
Y a ello se le sumará esta sentencia de la Suprema, porque acoge la causal del Código Penal respecto a la errónea aplicación del derecho, estableciéndose que la información del SAF no reviste carácter de secreta, ya que cualquier persona puede tomar conocimiento a través del portal del Poder Judicial sobre datos genéricos de causas.
El abogado Marcos Contreras explica que ‘nos llama mucho la atención que se esté formalizando a Emiliano Arias por la circunstancia de que él proporcionó un antecedentes para el hecho de promover una denuncia; denuncia que en definitiva se efectuó y respecto de la cual hay investigación vigente. Se le está formalizando por lo que se espera que haga un fiscal, promover la persecución de delitos’.

Ir ‘despejando’ 
También adelanta que avanzará en pedir el sobreseimiento de Arias por aquellos hechos que el fiscal Campos no incluyó en la formalización, como tráfico de influencias, y que fueron denunciados por el fiscal Sergio Moya. El defensor dice que ‘es importante, porque a él se le ha imputado la comisión de ciertas conductas que no son constitutivas de delitos y que ni siquiera están probadas, por lo que es necesario ir despejando el caso para que la fiscalía, tribunales y la opinión pública sepan que se le han imputando delitos que no ha cometido’.

Fuente: El Mercurio