El espionaje que realizó el Ejército a cuatro denunciantes de irregularidades, así como al periodista Mauricio Weibel, en las denominadas Operación Topógrafo y W, han despertado las interrogantes sobre la certeza del procedimiento que autorizó las interceptaciones telefónicas.
En esto se enfoca la Comisión del Sistema de Inteligencia del Estado de la Cámara de Diputados, la cual desde ayer inició la revisión de los procesos realizados por la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine) durante los últimos años. Por esta razón, ayer participó el actual director de la Dine, general Guillermo Paiva, con quien se analizaron los procedimientos hechos desde que este asumió el mando en enero de 2018.
La próxima semana, con tal de analizar el periodo en que se realizaron ambas operaciones de espionaje, la comisión se constituirá en la propia Dine, en Santiago. Hasta allí llegará el jefe del Estado Mayor del Ejército, Schafik Nazal, quien era la autoridad de la Dine en 2017 y, según fuentes de Inteligencia de la entidad castrense, habría sido quien supervisó ambas operaciones.
Sin embargo, uno de los puntos que más énfasis hicieron ayer los diputados miembros de la comisión, fue que las interceptaciones estuvieran justificadas en la Ley de Inteligencia, al mismo tiempo que un ministro de Corte de Apelaciones de Santiago las hubiera aprobado. Hasta el momento, indican fuentes conocedoras del detalle de la comisión de ayer, no se percibieron situaciones anómalas en los procedimientos realizados desde 2018 a la fecha. Incluso, ya se adelantó que durante las próximas sesiones se invitará a participar a los jueces que estuvieron a cargo de estas labores.
La labor de los jueces también es estudiada desde otra óptica. Esto, porque en la denuncia que presentó ante el Ministerio Público el diputado PS Leonardo Soto, pidió como diligencia que se tomara declaración a estos magistrados.

Ministros
Según la Ley de Inteligencia, las escuchas telefónicas deben ser aprobadas por un ministro de la Corte de Apelaciones. Para esto, el presidente del tribunal sortea cada dos años un ministro titular y otro suplente. En el caso de las operaciones W y Topógrafo, ambas habrían sido aprobadas por el tribunal de alzada santiaguino.
Es así que entre 2016 y 2017, fecha en que ocurrieron los espionajes, la titularidad de esta tarea la tenía el ministro Juan Antonio Poblete, siendo suplente la ministra Maritza Villadangos.
Otros ministros que tuvieron esta facultad fue la ministra Jessica González, acompañada por la ministra Patricia González (2014-2015). En tanto, en la actualidad el ministro Mario Carroza es el titular, mientras la jueza María Rosa Kittsteiner hace de suplente. Estos últimos están a cargo de las autorizaciones para el plazo 2018-2019.
La Tercera PM consultó al Poder Judicial sobre la existencia de autorizaciones en el caso de las operaciones Topógrafo y W, aunque desistieron a entregar información al asegurar que esta era secreta de acuerdo a lo establecido por la Ley de Inteligencia.

Perfiles
El ministro Juan Antonio Poblete (63), titular en 2016 y 2017 para dar las autorizaciones a las solicitudes de Inteligencia, ingresó al Poder Judicial en 1978 y siempre ha ejercido funciones en la Región Metropolitana. Su primer cargo fue como oficial del Primer Juzgado Civil de Santiago. De allí tuvo pasos por el 26º y el 10º Juzgado del Crimen de Santiago, hasta 2004, cuando tras la Reforma Procesal Penal se convirtió en juez del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. En 2013 se convirtió en ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Según fuentes del alto mando del Ejército que conocieron la labor de Nazal a la cabeza de la Dine, este mantenía una buena y fluida relación con el juez Poblete, con quien dicen tramitaba la mayoría de las solicitudes de interceptaciones telefónicas.
La ministra Maritza Villadangos (55), como suplente de Poblete en la autorización de procedimientos de Inteligencia, debía hacerse cargo del área cuando el juez titular no estaba disponible. Incluso, desde el alto mando reconocen no haber sido muchas las ocasiones en que la Dine acudió a ella.
Ella entró al Poder Judicial el año 2000 como secretaria del Juzgado de Menores de Quillota. Luego se desempeñó como relatora en las cortes de Apelaciones de Valparaíso y San Miguel. En este último tribunal asumió sus primeras tareas como jueza del Segundo juzgado de Familia. Luego, en 2010 pasó a ser relatora de la Corte Suprema de Santiago hasta 2013, cuando se convirtió en ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel. En 2014 pasó a conformar el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Según fuentes conocedoras de la relación entre jueces y Dine, es una tendencia que todas las solicitudes de autorización de medidas intrusivas sean hechas ante la Corte de Apelaciones de Santiago, dada la cercanía física entre el organismo castrense, ubicado en calle Bulnes, y el Palacio de Tribunales.

Fuente: La Tercera