No se ve lindo ni es seguro. El Presidente Sebastián Piñera, le puso su firma a la ley que obliga a contar de hoy a las empresas eléctricas y de telecomunicaciones a hacerse cargo de los cables declarados en desuso que dejan instalados en los postes, y que con los años se acumulan en marañas casi infinitas sin ningún control.
La normativa fue despachada en su último trámite por la Cámara de Diputados el 2 de julio y en la práctica modifica la ley N° 18.168 General de Telecomunicaciones, estableciendo que ‘las empresas de telecomunicaciones serán responsables de la instalación, identificación, modificación, mantención, ordenación, traslado y retiro de sus cables aéreos o subterráneos’, estableciendo plazos para aquello.
Según el propio mandatario, el objetivo de la ley es eliminar la contaminación visual y aumentar la seguridad de las personas ante el peligro que los cables en desuso representan para el libre tránsito de las personas. ‘La meta es llegar, antes de que termine nuestro gobierno (año 2022), al retiro de 2.000 kilómetros de cables que están en desuso (a nivel nacional)’, aseguró Piñera.
Plazos y multas La subsecretaría de Telecomunicaciones Pamela Gigi explica que las empresas tendrán un máximo de 5 meses para ‘ordenar o retirar’ el cableado que sea declarado en desuso. El tiempo dependerá de la complejidad para realizar dicha faena, desde un par de semanas, hasta máximo 5 meses. Punto importante: cualquier daño o perjuicio que se genere producto de estos trabajos será de exclusiva responsabilidad de las empresas operadoras de dichos trabajos.
Los criterios para retirar un cable en desuso son: denuncias de la ciudadanía, sumado a lugares prioritarios de acuerdo a condiciones de riesgo para las personas, vehículos, seguridad ciudadana, aseo y orden de las ciudades. ‘En caso que el operador no proceda al retiro requerido dentro del plazo establecido, los municipios podrán retirar los cables en desuso’, agrega Gidi.
La boleta por dicho retiro será cargada a las empresas. ‘El incumplimiento de esta obligación será sancionado por los Juzgados de Policía Local, con una multa a beneficio de las municipalidades (donde se ubiquen las marañas de cables), de entre de 100 a 1.000 UTM ($4.903.300 a $49.033.000).

Fuente: Las Últimas Noticias