A tres años de abierta una investigación por los múltiples destrozos que afectaron al Internado Nacional Barros Arana (INBA) durante la toma realizada por algunos de sus alumnos entre el 24 de mayo y el 13 de junio de 2016, el Ministerio Público decidió no perseverar en la indagatoria y decretó el cierre de la misma este mes. Así lo comunicó el actual fiscal de la causa, Patricio Cooper, al 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

Una querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) por el delito de daño a monumento nacional y robo en lugar no habitado y un informe de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural de la PDI —ambos anexados a la carpeta investigativa— consignaban que al ingresarse al establecimiento educacional pudieron verificarse ‘importantes daños a la infraestructura’.
También otros de carácter ‘patrimonial, al inmobiliario y al equipamiento, así como el extravío de especies y documentos’, hallándose a 19 jóvenes (uno de ellos mayor de edad) al interior del instituto.
Según la acción penal del CDE, parte de las dependencias y bienes muebles del INBA habían sido declarados monumento histórico y, de acuerdo con el reporte de la PDI, ‘de un total de 238 piezas declaradas monumento histórico, mediante el Decreto Exento N° 8 de 04.01.2006 del Consejo de Monumentos Nacionales, 189 no fueron localizadas, y de las 49 restantes, cinco piezas resultaron dañadas durante la toma’, entre ellas, ‘el cuadro óleo sobre tela Retrato de Diego Barros Arana’.
La presentación reseña que hubo además destrozos en la sala de informática, cuyo acceso estaba forzado, constatándose la desaparición de ’22 notebooks, cinco CPU, 13 proyectores, siete cámaras fotográficas, tres radios, cuatro impresoras’, entre otros, reseña el informe policial.
A ello se agrega que en la época un informe de la Municipalidad de Santiago estableció que los 19 días de toma en el INBA dejaron pérdidas por $320 millones.
No pudo determinarse participación

¿Por qué no se siguió adelante con la investigación?
Desde la Fiscalía Metropolitana Centro Norte explicaron que si bien pudo establecerse la existencia de un delito, no se logró atribuir participación en el mismo a una persona determinada, dado que no había cámaras de seguridad en el lugar o testigos que permitieran imputar responsabilidad a alguien en particular.
El organismo de persecución penal dijo además que era efectivo que se detuvo a 19 jóvenes cuando ocurrieron los hechos; estos se encontraban en otro sector del establecimiento, por lo que ‘no había cómo atribuirle una conducta determinada a una persona determinada’.
Como el cierre de una causa y la decisión de no perseverar es resorte del Ministerio Público, pero debe realizarse una audiencia para ello, el juez de garantía Raúl Valenzuela resolvió ante el escrito ingresado: ‘Téngase presente el cierre de investigación y como se pide (por la fiscalía), fíjese audiencia de comunicación de no perseverar en el procedimiento, de conformidad al Artículo 248, del Código Procesal Penal, para el día 1° de octubre de 2019’. Es decir, ‘por no haberse reunido durante la investigación los antecedentes suficientes para fundar una acusación’.
Sin perjuicio de ello, el CDE aún tiene margen para pedir nuevas diligencias, si lo considerara necesario, y con ello solicitar la reapertura de la investigación.
Raquel Guerra, apoderada del internado justamente desde 2016, dijo que ‘es lamentable esta decisión, ya que la destrucción producida durante la toma dejó pérdidas millonarias. Esto deja una sensación de impunidad, la que es causante de que esta violencia vaya en aumento, que en un principio fue hacia la infraestructura y ahora es en contra del equipo directivo, los docentes, funcionarios y la comunidad’.

Nueva denuncia por daños en liceo
La semana pasada, en la página web del INBA, la comunidad de funcionarios del internado informó que el 7 de agosto se registró un nuevo hecho de violencia.
Indican que durante el recreo de las 10 de la mañana ‘un grupo importante de alumnos realizó un ‘corta-calle» por Santo Domingo. Esto llevó a ‘escaramuzas’ con la policía, lo que se repitió el mismo día durante el segundo recreo retomándose el ‘corta-calle’.
Agregan que entonces ‘los estudiantes vuelven a atacar el hall central destruyendo oficinas, lanzando artefactos incendiarios y bombas de ruido’. Tras ello, entraron carabineros y —dice la publicación— los alumnos les lanzaron proyectiles ‘sin importar el peligro que corrían’ compañeros de curso y funcionarios.
La comunicación termina señalando que la ‘escalada violentista’ en el sitio no solo ha dañando la infraestructura, sino que ‘ha permeado nuestra estabilidad emocional y psicológica’.