Sabotaje informático. Ese es el delito por el cual la Fiscalía Metropolitana Occidente pidió audiencia para formalizar el próximo 22 de agosto a un funcionario activo y a otro jubilado de la Tesorería General de la República.
El Ministerio Público indaga accesos no autorizados al sistema de la Cuenta Única Tributaria (CUT) desde la Tesorería Provincial del Maipo.
Se trata de Jaime Castro Bozo, actual funcionario de la Tesorería, y Jorge Veliz Peñaloza, quien se jubiló en junio pasado.
Consultada la Tesorería, se informó que ambos están bajo sumario administrativo.
La solicitud de audiencia de formalización fue hecha a inicios de julio pasado por Beatriz Silva, fiscal adjunta de la Fiscalía local de San Bernardo.
De acuerdo a la persecutora, Castro Bozo ingresó al menos 10.485 consultas al sistema CUT entre agosto de 2017 y el 26 de enero de 2018. Agrega que estas fueron ‘sin la debida autorización de los contribuyentes afectados, con el propósito de entregarla a terceros’, consigna El Mercurio.
La persecutora indica que para realizar estas consultas, y por su gran número, se concertó con Veliz Peñaloza, quien en esa época era compañero de trabajo. De acuerdo al Ministerio Público, Veliz efectuó al menos 7.216 consultas de datos de los contribuyentes.
Quienes conocen la indagatoria indican que la importancia de acceder a este sistema es que contiene información del deudor y contribuyente, historial de deudas y pagos, y no es de acceso libre ni voluntario para los funcionarios.

La querella
El caso se originó tras una querella presentada a fines de septiembre pasado por Moisés Sáez, extesorero en la Tesorería de Maipo. El recurso era solo contra Castro por el delito de ‘infidelidad en la custodia de documentos’. En ella se explicaba que en enero de 2018, mientras Sáez era tesorero provincial del Maipo, recibió un informe de auditoría interna.
Esta mostraba ‘ingresos sospechosos e irregulares de un funcionario de mi dependencia al sistema CUT para obtener información de numerosos contribuyentes no pertenecientes a la cartera que correspondía al ámbito de nuestra competencia territorial’.
En diciembre no se le renovó el contrato a Sáez, pero la causa sigue en curso y en la formalización estarán presentes representantes de la Tesorería.
A través de un correo del 30 de enero de 2018, Castro le informó a Sáez que se trató de una petición hecha por un amigo, quien ‘necesitaba el nombre o razón social, ya que solo tenía los RUT (…) si son o no grandes contribuyentes o deudores; eso lo desconocía, ya que no hay nada en el sistema que lo avise’, explicó.