El mandatario le había encargado a su jefe de gabinete la misión de lograr un gran acuerdo nacional para subsanar el debilitamiento de las instituciones y la política.
No alcanzaron a cumplirse dos meses de esa frase cuando La Moneda transmitía que se postergaría el envío de las leyes que permitirían avanzar en esta iniciativa. Los partidos de Chile Vamos —RN, la UDI y Evópoli— dieron un golpe de timón durante una reunión en Palacio con el Presidente Sebastián Piñera y su comité político, el pasado 30 de julio: dijeron que se debían priorizar las reformas del programa de gobierno (pensiones, tributaria y salud).
En ese momento parecía que las propuestas transversales de los partidos políticos que llegaron hasta el despacho de Chadwick quedarían guardadas en un cajón. El ministro del Interior, sin embargo, días después dijo que la reforma sí avanzaría aunque de manera parcelada.
‘El Mercurio’ tuvo acceso al borrador más actualizado que viene trabajando el ministro Chadwick junto a los titulares de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Gonzalo Blumel, y el de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. En más de veinte páginas se precisan acápites para cada institución, como el Congreso, Consejo de Defensa del Estado (CDE), el sistema de nombramiento de jueces, Tribunal Constitucional (TC), Contraloría General de la República, Ministerio Público, y finalmente se analizan las propuestas de los partidos políticos y de otras instituciones al respecto.
Los cambios más profundos se observan en el Congreso y en el Ministerio Público. La Contraloría tampoco se queda atrás. Eso sí, desde Palacio han precisado en más de una oportunidad que las ideas son preliminares y que primero se enviará al Parlamento todo lo que competa al sistema judicial, como Ministerio Público y CDE. El próximo año, en tanto, se enviarían las reformas al Congreso y a la Corte Suprema.

‘NUEVOS ACTORES’
Una de las novedades que contiene el documento del Gobierno son los cambios que sugiere para el Congreso. Se trata de medidas preliminares que ha trabajado la Segpres y el objetivo, según consta en los documentos de La Moneda, es mejorar el trámite legislativo, fomentar la transparencia y la participación ciudadana en la formación de la ley, y modernizar la orgánica y el gobierno corporativo del Congreso y las instituciones que lo componen.
Esta reforma, además, ha sido conversada con el propio Parlamento. De hecho, en junio pasado, Chadwick y Blumel sostuvieron un encuentro con los presidentes de ambas cámaras. En La Moneda recalcan que estas ideas preliminares son un trabajo conjunto entre la Segpres y las mesas del Senado y la Cámara.
Desglosando el documento, en el ítem de reformas políticas se abordan cuatro aspectos: reemplazo de parlamentarios, límite a la reelección, rebaja de parlamentarios y ajustes al fuero parlamentario.
Respecto al reemplazo, se precisa que ese sistema rige desde 2005 y que su definición depende de los partidos. Así, proponen ahora que la vacancia sería utilizada por quien siguiese en la lista como el más votado, dentro del mismo partido o pacto. Si no se cumple lo anterior, la colectividad realizará una elección interna. En el caso de los independientes, no se reemplazarían. Y si es que el partido fuera disuelto, el parlamentario se considerará independiente y, por tanto, no se reemplazaría.
‘Una motivación de reforma es la generación de incentivos para que nuevos actores, con capacidad técnica e interés en lo público, se involucren en la política y formen parte del Poder Legislativo’, se indica, en tanto, sobre el límite a la reelección.
Así, se propone cambiar el inciso segundo del artículo 51° de la Constitución, sustituyendo la expresión ‘los parlamentarios podrán ser reelegidos en sus cargos’ por ‘los diputados podrán ser reelegidos hasta por dos veces consecutivas en el mismo distrito electoral. Los senadores podrán ser reelegidos una sola vez consecutiva en la misma circunscripción senatorial’.

MIRANDO ENCUESTAS
Respecto de la disminución de parlamentarios, en el diagnóstico plasmado en el texto se señala que el nivel de confianza en el Congreso Nacional es del 8%, mientras que el de los partidos políticos es del 5%. ‘Es fundamental que el Congreso —continúan señalando— sea visto como representativo de la sociedad, con mecanismo de elección claros y objetivos’.
De este modo, se indica que las críticas al sistema actual que tienen son: desigualdad del voto en algunos distritos; incremento de gastos del Estado destinados a parlamentarios; asunción de candidatos con baja legitimidad electoral, y sistema de representación por campañas de nicho.
Una de las principales propuestas que se sostienen en el texto es que volviendo a 120 diputados —hoy son 155—, significaría un ahorro de $3.926.937.420. En el caso de los senadores —reducción de 50 a 40—, el ahorro sería de $1.121.982.120. ‘En suma, la reducción de 45 congresistas implicaría un ahorro total, solo por concepto de dieta anual, de $5.048.919.540’, precisan.
En cuanto al fuero parlamentario —idea que había sido abordada en una reunión oficialista hace unos días en Cerro Castillo—, ahora se precisa que su supresión se debería estudiar en cuanto a ‘si se elimina el fuero en su totalidad, es decir, no solo tratándose de delitos de acción privada o de aquellos denominados de opinión (injurias y calumnias)’.
‘Parece atendible —continúan— establecer que la inviolabilidad solamente alcanza a la función parlamentaria tal, y que cualquier expresión injuriosa o calumniosa fuera de las sesiones de sala o comisión, sean perseguibles criminalmente, como si se tratase de cualquier ciudadano’.

ELIMINAR COMISIONES
Acerca de las reformas de funcionamiento del Congreso, se plantea, entre otras medidas, la ‘racionalización de las 26 actuales comisiones permanentes’. Por ejemplo, se señala que Recursos Hídricos y Desertificación podrían fusionarse con Medio Ambiente y Recursos Naturales.
En tanto, se plantea la idea de sancionar el incumplimiento de las urgencias por parte de los presidentes de las comisiones. Justamente, la administración Piñera —que no cuenta con mayoría en el Congreso— se ha enfrentado en más de una oportunidad con la oposición por el supuesto no cumplimiento de las urgencias que dispone el Ejecutivo. El Gobierno, para esta idea, tomó de base mociones parlamentarias como una de diputados UDI ingresada en 2018 y otra de RN de septiembre de 2017.
Otras iniciativas al respecto responden a obligar a los ministros de Estado a asistir al Congreso cuando sean convocados a sesiones especiales y a las comisiones; fijar una multa en caso de que un parlamentario no asista a la comisión (hoy solo hay sanción de rebaja de dieta por ausencia en Sala); rendición de una cuenta pública anual por parte de los parlamentarios; recepción de propuestas por la ciudadanía.
En torno a probidad, se pide instaurar una contraloría general al Congreso para fortalecer la gestión presupuestaria. ‘Se busca que dejen de ser los mismos parlamentarios los que estén sancionando a sus pares por faltas a la probidad. Esta Contraloría debería vincularse directamente con el Comité de Auditoría del Congreso, que actualmente se propone en el proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso en materia de probidad y transparencia’, se desglosa.
También se solicita dejar expreso en la ley la dedicación exclusiva del parlamentario, con excepción de la docencia, pero solo hasta 12 horas semanales. El objetivo, dicen, es evitar ‘el clientelismo político’.

Fuente: El Mercurio