‘Los chilenos están aburridos de que el Poder Judicial se siga sorprendiendo en declaraciones y no haga lo que tiene que hacer, que es hacer justicia. ¿O acaso los chilenos olvidan el caso en San Antonio de un vehículo lleno de armamento, cuyo juez dejó en libertad porque las pruebas no eran suficientes?’. De esta manera, la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, hizo la semana pasada una dura crítica al Poder Judicial, en medio de declaraciones cruzadas entre ambos poderes.
La ministra se amparó en un caso emblemático sucedido en mayo de 2018, cuando el Juzgado de Garantía de San Antonio dejó en libertad a dos personas que habían sido detenidas por carabineros tras un control de identidad, en que se les detectó que portaban tres pistolas y más de 100 municiones, además de $ 4 millones en efectivo.
Esa vez, La Moneda y el Poder Judicial se enfrentaron, a través de un recurso de queja del Ministerio del Interior, manifestando su disconformidad con el fallo del tribunal de primera instancia. El caso avanzó y la pugna entre ambos poderes escaló, hasta que el pasado 18 de junio, el Tribunal Oral en lo penal de San Antonio absolvió a los imputados.
Ayer, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de nulidad presentado por el Ministerio del Interior y el Ministerio Público, por unanimidad, con los votos de los ministros Raúl Mera, Pablo Droppelmann y Rosario Lavín.
De esta manera, el tribunal de alzada anuló el fallo del Tribunal de San Antonio, el que absolvía a los imputados Manuel Olivares Maldonado y Nelson Cerda Órdenes de los cargos de porte ilegal de armas y receptación.
Con esto, la corte ordenó la realización de un nuevo juicio por jueces no inhabilitados, es decir, por otra terna del Tribunal Oral en lo penal de San Antonio, diferente a los que fallaron en junio.
El ministro del Interior, Andrés Chadwick, señaló que ‘esta anulación reafirma lo que habíamos dicho desde un principio y que ha reiterado el Presidente: que la interpretación que realizó en su oportunidad el Tribunal de San Antonio era errónea al absolver a los delincuentes, a quienes se les había encontrado un verdadero arsenal en la maleta del automóvil en el que viajaban’.

‘Aplicación errónea’
Según la resolución unánime del tribunal de alzada, el TOP de San Antonio hizo una ‘errónea aplicación del Artículo 85 del Código Procesal Penal (control de identidad investigativo, el cual faculta el registro del automóvil, siempre que haya sospechas de los policías)’.
Para la corte, el tribunal de primera instancia configuró una hipótesis fallida, pues aplicó una norma distinta a la que rige el control de identidad investigativo, aplicando así la del control preventivo, el que no permite la revisión del automóvil.
Además, dicen que esta prueba ya había sido revisada en el juzgado de garantía.
En el fallo que absolvió a los imputados, el tribunal argumentó que los carabineros ‘advirtieron indicios que permitían el control de identidad, sin embargo, se apreció de sus dichos que luego de la revisión de los documentos del vehículo y licencia de conducir no se consideró ningún indicio que autorizara proceder a un control de identidad’, Para la corte, esta interpretación fue errónea, lo que ‘provocó que el tribunal descartara a priori los indicios a que se refirieron los testigos policías, sin entrar al análisis de dichos testimonios, al declarar la existencia de una ‘ilicitud de base’ que les impedía tal ejercicio’.

Fuente: La Tercera