De la mano del proyecto de ley de arriendos que busca agilizar los procesos judiciales relacionados a morosidad en el pago, debutó el primer Informe de Impacto Regulatorio (IIR).
El documento -elaborado por los ministerios de Justicia y Derechos Humanos; del Interior y Seguridad Pública; y de Vivienda y Urbanismo, señala que dicha normativa tendrá un impacto ‘muy alto’ en los ámbitos de la migración y en el acceso a la justicia.
Además, identifica a las personas naturales como los únicos afectados y detalla que la propuesta busca establecer un ‘equilibrio en la ley respecto a la protección de los derechos de los arrendadores como de los arrendatarios’.
El documento, que se encuentra publicado en la plataforma online que administra la Oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional (OPEN), incorpora aspectos como los objetivos esperados con la normativa, la justificación de la propuesta, cambios reglamentarios, costos previstos y el impacto neto, entre otros.

Implementación de la plataforma 
Con una metodología esquemática, los IIR reemplazan a los informes de productividad que fueron concebidos en 2016 durante la administración de Michelle Bachelet. El instructivo firmado hace tres meses por el presidente de la República, Sebastián Piñera, señala que dichos informes deben emitirse de manera obligatoria junto a cada decreto presidencial y proyecto de ley que emane desde el Ejecutivo. Si bien esta directriz contempla una sección de participación ciudadana, esta no aplica de manera obligatoria para todos los IIR. En la cartera de Economía explican que el objetivo de esta sección es que la evidencia sea equilibrada y el análisis insesgado.
‘No sólo se promueve la consulta a ciudadanos y a las empresas reguladas, sino que también la coordinación intragubernamental entre los distintos ministerios, servicios o agencias, con tal de lograr una mayor armonización y coherencia en los planes y normativas de los diferentes órganos del Estado’, señalan y consigna Diario Financiero.
Por lo anterior, en este primer IIR no se incluye información proveniente de los afectados directamente, mientras que sí se refleja el trabajo de las tres carteras ministeriales. A esto se suma que en este caso no aplicaría el Instructivo sobre Medidas de Simplificación Legislativa y Regulatoria, que establece como requisito que los reglamentos que sean clasificados como ‘de Alto Impacto’ regulatorio según la evaluación preliminar, tengan un periodo de consulta pública por un plazo no menor a diez días hábiles.