Diecisiete proyectos judicializados, equivalentes a US$ 6 mil millones. Este es el panorama general de proyectos de inversión que se encuentran en los tribunales ambientales al cierre del primer semestre del 2019. Con esto, los montos de proyectos judicializados completan cuatro semestres de caídas consecutivas.
Así lo refleja un análisis realizado por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y el Observatorio Judicial, titulado ‘Judicialización de los proyectos de inversión del SEIA’. El director de Políticas Públicas de la CPC y uno de los autores del catastro, Javier Irarrázaval, observa que a partir del 2017 ha habido una estabilización en cuanto a las iniciativas judicializadas. Fue en ese período (segundo semestre del 2017) cuando comenzó sus funciones el Tribunal Ambiental de Antofagasta. ‘Ese fue justamente el semestre en que ingresó Dominga, que tiene un valor de US$ 2.500 millones, y que ingresó por Antofagasta, y otros proyectos grandes.
De hecho, los mayores montos judicializados están en Antofagasta’, analiza Irarrázaval. A partir de ese instante, agrega, se observa una estabilización en los últimos semestres, con menos de 20 causas en trámite y una inversión judicializada por montos de entre US$ 5 mil millones y US$ 10 mil millones. Por su parte, el gerente de estudios de la CChC, Javier Hurtado, analiza que el 75% de las causas ingresadas a los tribunales ambientales trataban sobre proyectos de inversión con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable. ‘Esto se traduce en que, aún cuando se tramiten de manera exitosa los permisos, lo más probable es que existan instancias posteriores que incidan sobre la materialización de la inversión’, explica Hurtado.
Con todo, para Hurtado la situación se agrava al considerar que los tiempos de tramitación promedio de estas judicializaciones implican casi duplicar los tiempos totales de gestión de un proyecto, considerando también su paso por el SEA. Según un estudio reciente realizado por ambos gremios, el tiempo promedio de tramitación ante la autoridad ambiental alcanzó los 14,3 meses en la primera mitad del año. Mientras que José Miguel Aldunate, director ejecutivo del observatorio, puntualiza que la judicialización de un proyecto no necesariamente implica la suspensión del mismo, a menos que el tribunal lo disponga.

Fuente: EL Mercurio