La Corte Suprema federal autorizó al Presidente Donald Trump a ocupar US$ 2.500 millones en la construcción del polémico muro fronterizo en el sur del país, en el límite con México, en un intento de frenar la inmigración ilegal. Los recursos, según el dictamen, serán reasignados desde el presupuesto del Pentágono, es decir, Defensa.
«Gran victoria sobre el muro. La Corte Suprema federal anula la orden de un tribunal inferior, permite que proceda el muro de la frontera sur. Gran victoria para la seguridad fronteriza y el Estado de Derecho», celebró el mandatario en su cuenta de Twitter.
Esto fue posible gracias a que los cinco magistrados conservadores del máximo tribunal dieron al Gobierno luz verde para que comiencen las obras, estipuladas en cuatro contratos ya asignados, mientras que los cuatro jueces liberales se opusieron a la idea de reemplazar secciones existentes de barreras fronterizas en Arizona, California y Nuevo México.
El caso comenzó a ser tramitado por la corte después del cierre parcial del Gobierno, que empezó en diciembre del año pasado y se extendió por 35 días. Trump puso fin a esa paralización en febrero, cuando el Congreso le concedió aproximadamente US$ 1.400 millones para el muro, cantidad mucho menor a los US$ 5.700 millones solicitados, por lo cual el Presidente declaró entonces una emergencia nacional.
«Nos complace que la Corte Suprema reconociera que los tribunales de menor instancia no deberían haber suspendido la construcción de muros en la frontera sur. Seguiremos defendiendo vigorosamente los esfuerzos del Gobierno para proteger a nuestra nación», señaló Alexei Woltornist, portavoz del Departamento de Justicia.

«Infestado de ratas»
Trump ayer calificó al distrito de Maryland, cuya población es de mayoría afrodescendiente, como «una ruina repugnante infestada de ratas y roedores», debido a que su representante en el Parlamento y presidente de la Comisión de Supervisión, el demócrata Elijah Cummings, es uno de los más críticos del Gobierno.
El distrito, a juicio del Presidente, es «considerado el peor administrado y más peligroso de todo EE.UU.» y si el parlamentario «pasara más tiempo en Baltimore (una de las ciudades de la zona), tal vez podría ayudar a limpiar este lugar tan sucio y peligroso».
El parlamentario respondió en su cuenta de Twitter: «Señor Presidente, yo vuelvo a casa en mi distrito diariamente. Cada mañana me despierto y voy a pelear por mis vecinos. Mi deber constitucional es ejercer la supervisión de la Rama Ejecutiva. Mi deber moral es luchar por la gente de mi distrito».
Cummings ha sido cuestionado por el Presidente al investigar a sus familiares que trabajan en la Casa Blanca y, el jueves, su comisión aprobó autorizar órdenes de entrega de correos electrónicos y textos empleados para asuntos oficiales por altos funcionarios de Gobierno, incluidos la hija y el yerno del presidente, Ivanka Trump y Jared Kushner, respectivamente.
La presidenta de la cámara baja, Nancy Pelosi, dijo por su parte que «rechazamos los ataques racistas contra (Cummings) y apoyamos su firme liderazgo».
Los dichos del mandatario, calificados como racistas, se sumaron a la polémica de hace dos semanas cuando, por esta misma causa, ofendió a cuatro legisladoras provenientes de minorías étnicas.
Según analistas y agencias de noticias, Trump ha puesto la animosidad racial en el centro de su campaña por la reelección presidencial, convencido de que esa retórica enardecida fortalecerá el apoyo de los trabajadores blancos y atraerá a los votantes que temen los cambios culturales.
El Presidente, en las últimas horas de ayer, escribió que «estamos considerando declarar a Antifa (grupos antifacistas inspirados en la sociedad alemana de 1930), ese movimiento de cobardes ‘Locos de la Izquierda Radical’ que van por ahí pegando a gente con bates de béisbol, como una importante ‘organización terrorista'».