La Asociación Nacional de Fiscales manifestó ayer su molestia por la propuesta del ministro de Justicia, Hernán Larraín, de ‘crear un sistema de control interno con un fiscal autónomo (Fiscalía de Asuntos Internos)’ que investigue a los persecutores que han cometido delito, como adelantó en una entrevista a ‘El Mercurio’.
El presidente del gremio, Claudio Uribe, cuestionó el sistema de investigación a los fiscales, lo que calificó como una especie de ‘inquisición’.
‘Expresamos nuestra profunda preocupación por la idea de crear una especie de inquisición al interior del Ministerio Público, destinado aparentemente a perseguir administrativa y penalmente a los propios fiscales. Al respecto, no ha existido la más mínima claridad de quién nombraría a estos inquisidores, lo que abre la posibilidad de darle un rol a órganos políticos en un área tan relevante como la que se menciona’, dijo Uribe.
A juicio del presidente de la asociación, ‘se abre en esta materia una amenaza en contra de la autonomía del Ministerio Público, especialmente a la hora de perseguir y sancionar conductas comúnmente ejecutadas por personas que disponen de mayores influencias y poder económico’.

Debido proceso
Uribe aseguró que se oponen a la creación de estas unidades especiales ‘porque no garantizan el debido proceso, porque además es muy fácil que a través de ello surjan espacios para el control político de la actividad de los fiscales, especialmente en áreas sensibles. Y por otro lado, porque la verdad es que los fiscales necesitamos más recursos, necesitamos más medios y nos parece un contrasentido que prácticamente los únicos medios que se nos ofrecen son medios para investigar a los fiscales’.
Al gremio le preocupa, además, que todavía no tienen clara la postura del ministro de Justicia respecto al ‘debido proceso en materia administrativa’, ya que según Uribe cualquier cambio que se intente en el ámbito disciplinario debe partir ‘por garantizar los derechos fundamentales de los investigados’.

Condena en costas
El Consejo de Defensa del Estado (CDE), en tanto, se refirió ayer al fallo de la Corte Suprema que confirmó el rechazo de los recursos de protección interpuestos por el gremio de jueces y fiscales. Ambas asociaciones fueron condenadas en costas porque querían el reajuste de un 3,2% de sus remuneraciones determinado para 2017, ley que dejó afuera de este incremento anual a los funcionarios que percibieran remuneraciones iguales o superiores a $ 4.400.000.
‘Sostuvimos en el estrado que siempre se actuó conforme a derecho dando estricto cumplimiento a la ley, no apreciándose ninguna arbitrariedad. Actuar distinto respecto a los recurrentes, habría generado precisamente el efecto de crear un grupo privilegiado, lo que no correspondía, justamente por la garantía de la igualdad ante la ley y la no discriminación establecidas en nuestra Constitución’, explicó el consejero del CDE, Juan Antonio Peribonio, que alegó en el máximo tribunal en representación del fiscal nacional y la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Fuente: EL Mercurio