‘Los datos permiten concluir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha instalado de forma definitiva en el panorama interamericano como un foro de litigación’. Esta es la idea central de un informe interno del Ministerio de Justicia, que analiza el número de peticiones ingresadas al sistema en los últimos 10 años, el que se ha más que quintuplicado.
A 2018 había 4.217 peticiones vigentes por reclamos para ser vistas por la comisión, en las cuales se había iniciado el trámite; 3.200 casos están en fase de discusión acerca de su admisibilidad y solo 1.017 en la fase de la tramitación. Esto permite concluir —dice el informe— que existe una suerte de cuello de botella en materia de admisibilidad, cuyo origen debe ser estudiado. Paralelamente, hay 6.963 peticiones sobre las cuales ni siquiera se han iniciado los trámites de notificación al Estado.
Es decir, del total de peticiones existentes al interior del sistema, el 91% no ha visto iniciada su tramitación o se encuentra en la fase de admisibilidad. Y únicamente el 9% está en la fase final del proceso.
En cuanto a las peticiones presentadas en contra de Chile, el aumento es constante y progresivo: en 1999 fueron 25 y el año pasado, 94. Y al 31 de diciembre de 2018 había un total de 573 peticiones en el sistema. Por ello, el análisis del ministerio considera que la existencia de un número importante de casos vigentes y pendientes sobre Chile al interior del sistema, que requieren atención y seguimiento particularizado, hace prever un potencial aumento explosivo de las causas, debido al inicio de la tramitación del 37% de los casos restantes, y las nuevas peticiones que puedan presentarse contra el país en los próximos años.
Todo lo anterior —indica el estudio— exige que la presencia internacional de Chile en materia de derechos humanos sea reforzada. La estructura de un modelo de actuaciones que permita al Estado responder a la presentación de alrededor de 20 peticiones por año no puede funcionar adecuadamente cuando el numero de peticiones se ha casi cuadruplicado en nueve años. ‘De allí la necesidad de contar con un agregado en derechos humanos en Washington, que pueda dar seguimiento a las causas dentro del sistema y auxiliar a la defensa internacional de Chile en esta materia’, concluye el informe.

Torturas y pueblos originarios
Los casos que más se conocieron en la Corte Internacional de Derechos Humanos, hasta donde deriva la Comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA), los que considera justificados fueron inicialmente los relacionados con hechos ocurridos entre 1973 y 1990, con temas de prescripción y solicitudes de indemnización.
Sin embargo, como explica el ministro de Justicia, Hernán Larraín, en el último tiempo se han introducido nuevas materias sobre las cuales la comisión está recibiendo inquietudes, reclamaciones o incluso demandas en contra de nuestro país en temas como acceso a la justicia o en la existencia de garantías del debido proceso. También en lo que dice relación con derechos sociales, económicos y culturales, entre los cuales se encuentran denegación de acceso a la salud o la existencia de negligencias médicas o diversas reclamaciones ante las isapres.
‘Está también la denegación del derecho al trabajo. Otras materias que aborda la comisión, a partir de reclamaciones que recibe desde nuestro país, se refieren a la discriminación, que puede afectar a distintos grupos sociales, a veces por razones de su orientación sexual, o pueblos originarios, por mencionar algunos. La verdad es que el incremento de áreas en las cuales la comisión está recibiendo inquietudes y respecto de las cuales se pronuncia, y a la vez respecto de las cuales requiere informes o antecedentes de nuestro país, es cada día mayor. Y, por lo tanto, eso refleja que como país comprometido con los derechos humanos, queremos tener la mejor forma de interacción, cooperación y colaboración con la labor que desarrolla esa comisión’, afirma Larraín.

Fuente: El Mercurio