Este martes se conoció de la decisión de la Corte Suprema de suspender por cuatro meses con medio goce de suelo a los tres jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua investigados por presuntos hechos de corrupción, y de abrir cuadernos de remoción en su contra.

Esto luego de la investigación sumaria realizada por la ministra Rosa María Maggi, y en conversación con CNN Chile, Álvaro Flores, vicepresidente de la Asociación de Magistrados del Poder Judicial de Chile, explicó que la determinación se aplicó debido a que “los jueces tenemos responsabilidad en el ámbito penal y funcionario”, y lo anunciado ayer se relaciona con el segundo.

Con respecto a la posibilidad de remoción, explicó que “no está regulada con procedimientos específicos”, pero que los pasos siguientes debieran ser “que se reciban los informes de la Corte de Apelaciones de Rancagua y de los investigados, y luego el tribunal pleno sesiona para evaluar si hay méritos para la remoción”.

Consultado sobre su mirada sobre el proceso realizado por la Corte Suprema, Flores señaló que “nosotros siempre hemos criticado los procedimientos porque no son muy claros pero son los que se disponen. No son transparentes, no están ajustados a debido proceso, hay un conjunto de defectos que la asociación ha identificado pero hace más de 100 años que el Poder Judicial opera con ellos”.

El magistrado señaló que desde la asociación consideran que “este episodio ha servido para reflexionar y proponer modificaciones relevantes que esperamos que las autoridades y Congreso asuman”.

“Como magistrados hemos puesto el énfasis en que veníamos advirtiendo de ciertas condiciones en la organización del Poder Judicial que no son las adecuadas, por ejemplo,que determinados ministros -en Chile hay más de 180 ministro de Cortes de Apelaciones- intervengan en cuestiones no jurisdiccionales“, explicó.

Por eso apuntó a la necesidad de “reformas donde los jueces no tengan otros poderes distintos al poder de juzgar”, debido a que en el caso de la Corte de Apelaciones de Rancagua, los magistrados están sindicados por conductas como tráfico de influencias, o intervención en el nombramiento de otras autoridades.

Aún así, recalcó que “tenemos la tranquilidad de que el trabajo de la gran mayoría de los jueces es transparente y ajustado a las reglas que están en los códigos, y probo”.